Tribunales internacionales: 15 años de avance.

Fuente: www.lanacion.cl, Por Aryeh Neier, presidente de Open Society Institute

HERALD TRIBUNE, DERECHOS EXCLUSIVOS PARA LA NACIÓN

Probablemente tomará más tiempo hasta que se pueda emitir un juicio sobre su capacidad de disuasión, pero han logrado mucho más de lo que nadie preveía cuando se formó el tribunal para la ex Yugoslavia.

Hace quince años, el 25 de mayo de 1993, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó por unanimidad un plan para establecer un Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia a fin de juzgar a los acusados de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio. Luego, la ONU creó varios tribunales adicionales para abordar las atrocidades de gobiernos y grupos guerrilleros en otras partes del mundo. En 2002, separada de la ONU, se creó una Corte Penal Internacional para juzgar esos crímenes a nivel mundial en países que aceptaran su jurisdicción (hoy son 105). En sólo quince años, la justicia internacional ha avanzado más rápido y más allá que en cualquier época, con la posible excepción de Nuremberg y Tokio y la adopción de la Convención sobre el Genocidio de 1948 y las Convenciones de Ginebra de 1949, que siguieron a los crímenes sin paralelo de la Segunda Guerra Mundial. El aniversario parece una buena oportunidad para sopesar lo que se ha logrado.

Los tribunales han inculpado a más de 250 personas de diez países de África, Asia y Europa por crímenes graves. Pese a que carecen de capacidad propia para arrestar, y pocos de los gobiernos que los crearon les han apoyado en este asunto, han tenido éxito al aprehender a la mayoría de los inculpados. A excepción de unos pocos acusados de bajo nivel juzgados por el tribunal para la ex Yugoslavia en sus primeros días, casi todos son comandantes militares, civiles de alto rango (incluyendo ministros) y guerrilleros. Entre ellos hubo dos jefes de Estado, Slobodan Milosevic, que murió en prisión cuando era juzgado, y Charles Taylor de Liberia, hoy detenido mientras se le juzga. El Primer Ministro de Ruanda para el genocidio de 1994, Jean Kambanda, cumple cadena perpetua por su participación en ese crimen. Khieu Samphan, Jefe de Estado cuando el Khmer Rojo asesinó a cerca de un millón y medio de camboyanos hace tres décadas, se encuentra en prisión en espera de juicio. Dos ex miembros de la Presidencia serbia bosnia están en prisión cumpliendo sentencias, mientras que otro, Radovan Karadzic, sigue prófugo.

Cuando se creó el Tribunal para la ex Yugoslavia, no era posible realizar juicios de buena fe por crímenes de guerra en los tres países que se encontraban en guerra. Hoy, con la cooperación del tribunal, se están llevando a cabo en Bosnia, Croacia y Serbia. Al ayudar, el TPI para la ex Yugoslavia podría brindar su mayor servicio. El ejemplo de estos tribunales ha tenido un profundo impacto en los sistemas judiciales nacionales. Ha sido más visible en América Latina, donde militares y ex jefes de Estado han sido llevados a juicio por abusos de los derechos humanos en Argentina, Chile, Perú, Surinam y Uruguay.

Los tribunales penales internacionales tienen fallas. Los juicios han sido más largos, difíciles y caros de lo que nadie habría anticipado. Algunos estados siguen protegiendo acusados, como Karadzic y el general Ratko Mladic, principal responsable por la masacre de Srebrenica y los otros crímenes terribles cometidos en la guerra bosnia de 1992 a 1995; Joseph Kony, líder del Ejército de Resistencia del Señor, fuerza guerrillera que ha librado la más prolongada guerra de África en el norte de Uganda y autor de crueldades inimaginables; y Harun, funcionario del Gobierno sudanés acusado por la fiscalía de la CPI de haber supervisado miles de asesinatos de la milicia Janjaweed en Darfur. Ninguno de los diez países a los que pertenecen los inculpados es potencia mundial, ni siquiera potencia regional.

No estamos aún en un punto donde la justicia internacional sea un factor que deba sopesarse por los funcionarios de países tan poderosos como EEUU, Rusia o China. No hay perspectivas de inculpaciones por crímenes rusos en Chechenia o la tortura estadounidense en Abu Ghraib, Bagram o Guantánamo. La negativa de las principales potencias a formar parte de la CPI, y su capacidad de veto a resoluciones del Consejo de Seguridad ayudan a que queden impunes. Otro inconveniente es que los tribunales han fracasado aparentemente en que los que facilitaron crímenes reconozcan su responsabilidad. Un ejemplo es Serbia. Aunque los líderes, los medios y los militares serbios desempeñaron todos papeles importantes en las guerras de los ’90 en Croacia, Bosnia y Kosovo, y aunque hubo muy pocos en Serbia que hablaron contra esas guerras, no muchos serbios aceptan responsabilidad política por los crímenes de sus militares y paramilitares.

Quizás la situación no esté perdida. Después de la Segunda Guerra Mundial, a los alemanes les tomó casi dos décadas aceptar responsabilidad política por los crímenes nazis. Sin embargo, ayudada por miles de juicios, Alemania se transformó. Hoy, mientras el conocimiento del Holocausto está más extendido y es más profundo que nunca, las credenciales democráticas y el fuerte compromiso con los valores humanos de Alemania están bien establecidos y son aceptados por todos.

Una pregunta clave es saber si la justicia internacional está disuadiendo la comisión de los crímenes de los que se preocupa. Las señales son mezcladas. En el lado positivo, varios gobiernos africanos retiraron sus fuerzas de la República Democrática del Congo en 2002 justo para evitar inculpaciones ante la CPI. Por el otro lado, no hay tregua en los crímenes de las fuerzas sudanesas en Darfur. Probablemente tomará más tiempo hasta que se pueda emitir un juicio sobre su capacidad de disuasión. Pese a sus fallas, los tribunales penales internacionales han logrado mucho más de lo que nadie preveía cuando se formó el tribunal para la ex Yugoslavia. En la medida en que han ayudado a impedir algunos de los crímenes, su costo es una bagatela comparado con los gastos de encargarse de las consecuencias de esa criminalidad. Con una mayor participación en la CPI y mayor apoyo para capturar inculpados, los tribunales deberían poder demostrar en los próximos quince años si son capaces de ser un disuasivo contra esos crímenes.

 

 

 

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