DISCRIMINACION DE LA IGLESIA A PROFESORA LESBIANA PROVOCA IMPACTO EN LOS TRES PODERES DEL ESTADO Y EN LOS MEDIOS.

Fuente: www.opusgay.cl , por Catalina Herrera

La Corte Suprema falló en contra de Sandra Pavez señalando que la Iglesia puede impedir a las lesbianas hacer clases, incluso en colegios laicos. Y eso no es todo, a raíz de este caso la Ley Contra la Discriminación, radicada en el Senado, no sería aplicable a las iglesias, mientras que en algunos medios se han censurado importantes aristas del hecho, según datos exclusivos de OpusGay.cl.

20 de abril, 2008 (OpusGay.cl).- Cuando en abril del 2007 la profesora Sandra Pavez decidió luchar porque se respetara su derecho a hacer clases, el cual le estaba a punto de ser negado sólo por ser lesbiana, jamás pensó que un año más tarde tendría como principales opositores a dos de los más importantes poderes de Chile: la Iglesia Católica y la Corte Suprema.

Sin desearlo, y a veces sin saberlo, el impacto que estaba provocando llegó incluso a la Iglesia Católica a mover sus piezas frente a otros dos poderes del Estado, el Ejecutivo y el Legislativo, además de provocar un efecto censurador en algunos medios masivos de comunicación, según lo reconocen diversos periodistas.

A través de cartas, llamadas telefónicas o visitas a terreno, la Iglesia Católica se viene movilizando desde diciembre pasado ante el Congreso para impedir que la Ley Contra la Discriminación se refiera a derechos de las minorías sexuales. En caso de no resultarle eso, su segunda estrategia es garantizar que la norma no sea aplicable a las Iglesias, lo cual tiene altas posibilidades de ser aprobado, pues ya cuenta con el apoyo de la Presidencia y de la mayoría de la Comisión de Derechos Humanos del Senado.

Así las cúpulas del catolicismo, que durante casi dos años y medio de tramitación de la ley nada habían dicho, salieron al paso luego de que Pavez, con el respaldo del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), denunciaran la existencia de una de las normas más discriminatorias de Chile: el Decreto 924, aquel que faculta a la Iglesia a emitir un certificado de idoneidad donde autoriza a los profesores de religión a hacer clases.

Quien no tiene el certificado, está impedido de ejercer y las últimas jugadas de la Iglesia han estado precisamente enfocadas a impedir que la ley contra la discriminación le quite ese privilegio.

El Poder Judicial ya le dio el primer triunfo, pues el pasado jueves la Tercera Sala de la Corte Suprema señaló que la Iglesia Católica puede impedir a Pavez, y a todo profesor/as gay o lesbiana, ejercer clases de religión, aún cuando ello ni siquiera está dicho en el Decreto 924, el cual sólo habla de idoneidad.

El precedente lesbofóbico es uno de los más graves, pero no quedará así. La afectada, junto al Movilh y a su abogado defensor, Alfredo Morgado, anunciaron una batería de acciones legales, además de manifestaciones.

Luego que Pavez rechazara las exigencias del vicario para la Educación de San Bernardo, René Aguilera Colinier, y del obispo Juan Ignacio González Errázuriz de vivir en celibato y de someterse a tratamiento psiquiátrico para cambiar su orientación sexual, ambos religiosos caducaron el 13 de agosto el certificado de idoneidad que le permitía hacer clases de religión.

Diez días más tarde se presentó un recurso de protección a favor de la profesora que fue rechazado por unanimidad por la Corte de Apelaciones de San Miguel el 1 de diciembre de 2007. La misma decisión fue refrendada el pasado jueves por la Tercera Sala de la Corte Suprema con la totalidad de sus votos, provenientes de los ministros Adalis Oyarzún, Pedro Pierry, Sonia Araneda y los abogados integrantes Hernán Alvarez y Domingo Hernández.

De acuerdo al fallo el Decreto 924, que fue promulgado en Dictadura, faculta a la Iglesia Católica a imponer en todo tipo de colegios, incluidos los laicos, profesores de religión que se ajusten a sus “principios morales, filosóficos y religiosos” y en ello, se agrega, “no debe haber ingerencia alguna del Estado”, pues éste no puede “inmiscuirse, ni cuestionar las decisiones”.

Más aún, la sentencia sostiene que toda ley chilena referente a la Iglesia, como es el Decreto 924, “debe relacionarse (…) con el Código de Derecho Canónico, en cuanto éste último consagra las facultades” de las cúpulas del catolicismo.

“Esto es inhumano, es brutal. ¿Desde cuando las clases de religión en los colegios laicos de Chile son de catolicismo? Además el Decreto 924 en ninguna parte dice que los profesores gays o lesbianas pueden o no hacer clases. La Corte falló aquí a favor de una mera interpretación de la Iglesia que no se ajusta a la ley. Se ajusta, como bien descaradamente lo dice, al Derecho Canónico”, sentencia la activista del Movilh, Sofía Velásquez.

Para Morgado la situación “es doblemente dramática, porque la Corte ha dicho también que la Iglesia y no el Estado tiene competencia en estas áreas, aun cuando existe separación entre ambas instancias desde 1925. Más aún ha dicho que se puede vulnerar los derechos a la vida privada, al trabajo y la no discriminación garantizados en nuestra Constitución y en tratados internacionales”, sólo sobre la base de una interpretación de la Iglesia que no está en ninguna ley.

El Movilh redondea que “en este contexto también ha sido repudiable el silencio del gobierno, en especial del Ministerio de Educación, a quien venimos informando de este caso desde el 2007. Es deber del gobierno pronunciarse contra cualquier violación a un derecho humano que sé de ante su nariz, expresar su desacuerdo, al igual como la hecho con otros grupos discriminados u otros temas. Eso no significa que el gobierno no acatara el fallo que le corresponde por ley”.

El organismo anunció una manifestación contra la Corte Suprema para el próximo viernes 25 de abril a las 13:00 horas en el frontis de Palacio de Tribunales, además de la futura presentación de una demanda internacional contra el Estado de Chile y de una querella por daños y prejuicios en contra del obispo González.

El Decreto 924 era desconocido en Chile hasta que el Caso Pavez lo hizo público, llegando a generar un cuestionamiento sobre su existencia en la propia Comisión de Educación de la Cámara de Diputados que se mostró dispuesta a derogarlo, toda vez que mezclaba el laicismo con el Código del Derecho Canónico

Fue precisamente esa señal, así como los anuncios del Movilh y diputados de la Concertación y RN para la presentación conjunta de un proyecto que derogara el Decreto, lo que motivó a la Conferencia Episcopal de Chile a mover sus influencias para aminorar el campo de acción del Proyecto de Ley que Establece Medidas contra la Discriminación, radicado en el Senado.

De acuerdo a información recopilada por OpusGay, fue el mismo Secretario General de la Conferencia Episcopal de Chile, Cristián Contreras Villarroel, el que pidió al gobierno y al Senado que ” se excluya de la aplicación de esta ley a las entidades religiosas” y que se omita el articulo 3 del proyecto, justamente aquel que previene y sanciona la discriminación por una veintena de razones, incluidas las de orientación sexual y género.

“Debido a la amplitud de la definición del articulo 3 sobre discriminación arbitraria, tememos que por esa vía se afecte severamente la libertad religiosa (…) A través de esta ley se puede perturbar el pacífico ejercicio de este régimen (Código de Derecho Canónico), pretendiendo que en razón de sexo, género u orientación sexual, la Iglesia admita conductas que según sus doctrina tienen un valoración moral grave”, señaló Contreras Villarroel.

O sea, señalan en el Movilh, la “Iglesia está pidiendo que la ley que rige a todos los chilenos, no le sea aplicada.. El descaro y la inmoralidad es grotesco”.

La situación es grave para las minorías, por cuanto si bien el artículo 3 de la ley aún tiene altas posibilidades de ser aprobado, igual de posible es que se añada una indicación que excluya a la Iglesia de los alcances de la norma, y para ello no sólo se cuenta con el respaldo de una parte de la derecha más dura, sino también de diversos agentes de la Concertación, entre los que figuran incluso socialistas y radicales.

“Habrá que ver entonces hasta dónde nuestro gobierno y la Concertación escucharán a la ciudadanía y hasta donde cederán a las presiones de los grupos de poder que son minoritarios. Este tema aún no llega a su fin y ojalá termine en beneficio de los grupos más vulnerables”, señala un representante del Servicio Nacional de la Mujer (Sernam)

El Caso Pavez también ha tenido efectos en los medios. En el Movilh existe conciencia de que en comparación con cualquier otro caso emblemático de discriminación basada en la orientación sexual o el género, éste ha alcanzado mucha menos cobertura, pese a “tener un mayor impacto en los tres poderes del Estado y en la calidad de vida de todas las minorías sexuales, no sólo de Pavez “.

Han sido los propios periodistas de algunos medios masivos quienes han confesado que la razón de ello se debe a que el enfrentamiento esta vez es con al Iglesia “una institución intocable, pues existe la percepción generalizada de que trabaja por el bien común y ello es validado por todos los otros poderes sin cuestionamientos”, explican profesionales de TVN y Canal 13.

En cambio, cuando los acusados son otros poderes (Judicial, Ejecutivo o Legislativo) existe mayor disposición de las líneas editoriales a denunciar los atropellos, en especial debido a la desconfianza generalizada hacia la política y de una historia de prensa que se ha enfrentado comúnmente contra esos espacios.

Sea cual sea la razón, lo concreto es que las informaciones más sensibles y graves en torno al Caso Pavez jamás ha salido publicadas en medios masivos, a un punto que fue el mismo obispo González quien se jactó ante la profesora de tener el control de algunos de ellos.

Así es como los intentos de soborno del obispo para que Pavez desistiera de las acciones legales jamás han salido en medio masivo alguno, pese a que la profesora cuenta con pruebas contundentes de ello. Tampoco la prensa ha informado que mujeres heterosexuales también están siendo impedidas de hacer clases de religión por ser madres solteras o convivir con hombres en proceso de divorcio (las cuales han denunciado el hecho ante la prensa) y menos se ha dicho que el mismo sacerdote que usó González Errázuriz como emisario para presionar a Pavez, debió ser trasladado a otra región del país por haber tenido un hijo.

“Al no denunciarse estas hipocresías se potencian el daño a personas inocentes y se transmite una imagen falsa sobre lo que sucede al interior de la Iglesia. Ese tipo de regalías no se tiene con nadie este país. Un cura puede tener hijos o ser pedófilo, pero se le permite seguir ejerciendo, y una profesora (que no tiene porque seguir el celibato) es apartada de las aulas sólo por ser lesbiana. Esto es indignante”, puntualiza el activista del Movilh, Juan Hernández.

Y porque es indignante no se bajarán los brazos, pese que el Caso Pavez ha sido el que más costos políticos ha acarreado al Movilh. “Solo nos mueve la lucha contra la discriminación por orientación sexual o identidad de género y eso jamás lo transaremos. Este caso ha sido una enseñanza para todos y todas en nuestra organización”, señaló el presidente del Movimiento, Rolando Jiménez.

En tanto, Pavez continúa reponiéndose y reafirma que “he perdido mi fe en la Iglesia, pero no en Dios. Lo que está pasando es muy injusto, pero no estoy sola y ahí se equivocó el obispo González Errázuriz, porque me dijo que me quedaría sola. Estoy más acompañada que nunca”.

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Seis trasnacionales controlan granos y cereales.

Fuente: www.elquintoinfierno.cl

El cártel anglosajón de la guerra alimentaria

Alfredo Jalife-Rahme
La Jornada

Las alzas descomunales en los precios de los alimentos ocurrieron en paralelo a las apuestas sin precedente con los contratos de futuros, mediante los ominosos hedge-funds (fondos de cobertura de riesgos) en las bolsas de materias primas agrícolas del Chicago Board of Trade y en el eje agromercantilista Kansas-Minneapolis-Londres. El precio del arroz se duplicó dramáticamente en los primeros tres meses del año al pasar de 360 dólares a 760 dólares por tonelada métrica…

 William Pfaff (WP) coloca el dedo en la llaga después de repasar todas las causales enunciadas de la crisis alimentaria global: “En forma extraña, poco se ha dicho sobre el papel de la especulación en los precios de las materias primas en general y específicamente de los alimentos” (Tribune Media Services Internacional, 16/4/08) y explica que el “volumen de contratos se ha incrementado 20 por ciento desde el inicio del año” en el mercado de Chicago CME Group (fusión del Chicago Mercantile Exchange y Chicago Board of Trade) que “cotiza 25 materias primas agrícolas”. Más aún: “los hedge funds se encuentran muy activos” en un negocio circular y “están comprando también las empresas que almacenan los granos”.

No dice que tal permisividad en los “mercados” solamente se explica mediante la “guerra alimentaria” que no se atreve a pronunciar su nombre y que, a nuestro juicio, ha sido desatada subrepticiamente por la dupla anglosajona, hoy en caída libre financiera, con el fin de dañar a sus triunfantes competidores geoeconómicos.

Antes de la “ronda Uruguay” de 1984, países como México e India, que eran autosuficentes, hoy se han vuelto deficientes: a partir del ingreso de las trasnacionales alimentarias anglosajonas al “mercado”, gracias al picaporte de la disfuncional OMC.

En un deslumbrante estudio, Dani Rodrik, de la Escuela Kennedy de Harvard, desmenuza el cataclismo en Latinoamérica que produjo el decálogo neoliberal del Consenso (sic) de Washington, formulado por el FMI y el Banco Mundial (Items & Issues; The Social Science Research Council; Nueva York; invierno-primavera 07-08).

El parteaguas del control alimentario de la humanidad se gestó en la aciaga década thatcheriana de los 80 mediante la desregulación y la privatización agrícola. Con el auge de la globalización en 1995, la OMC combatió la “reserva” de los alimentos como una “distorsión mercantil”, lo que dio vuelo a las trasnacionales agro-farmacéuticas anglosajonas para dominar el “mercado”, como Monsanto, Cargill, Dupont y Novartis, que gozan con derechos de patentes (¿de corso?) para controlar los métodos de siembra, así como la bioingeniería de las semillas.

Una de las consecuencias de la “apertura” alocada del sector agrícola de la OMC le concedió el dominio financiero a las trasnacionales agroalimentarias, las principales enemigas públicas del género humano, como Cargill, Bunge, ADM y el dizque “filántropo” George Soros, convertido en el dueño de la pampa argentina, donde 50 por ciento de las tierras arables son prácticamente de monocultivo de la soya a expensas de otros granos.

La empresa Generation Investment Management, con sede en Londres, es propiedad del “ambientalista” Al-Gore, quien está asociado con David Blood (que le hace honor a la traducción de su apellido del inglés), anterior directivo del banco de inversiones estadunidense Goldman Sachs con fuertes inversiones en la empresa danesa Novo Nordisk, cuya filial Novozyms participa en 40 por ciento del proceso de destilación del bioetanol con enzimas.

En la prospectiva del Apocalipsis bíblico faltó agregar otro jinete: el bioetanol, cuyo principal efecto deletéreo ha provocado hambruna en casi 900 millones de seres humanos –al menos que tal sea el efecto buscado por el cártel alimentario anglosajón. En este año 12 por ciento de la cosecha de maíz mundial será utilizado para bioetanol.

Una docena de compañías claves, aliadas a unas 40 empresas medianas, dominan la cadena alimenticia en cuya cúpula se encuentra el cártel de las seis trasnacionales de granos: Cargill, Continental CGC, Archer Danields Midland (ADM), Louis Dreyfus, André y Bunge and Born. Su dominio es prácticamente absoluto en el mundo de los cereales y los granos desde el trigo, maíz y avena, pasando por el sorgo, cebada y centeno, hasta las carnes, lácteos, aceites y grasas comestibles, frutas, vegetales, azúcar y especias. Un organigrama del cártel alimentario tendría a la cabeza a Archer Danields Midland, Unilever, Grand Metropolitan (Pillsbury), Cargill y Cadbury, que se subdividiría en siete rubros:

1. Granos (Continental, Cargill, Bunge & Born, Louis Dreyfus, ADM-Topfer, André, Quaker Oats); 2. Carnes (BP, Conagra, Cargill, Sara Lee, Hormel); 3. Lácteos (Nestlé, Borden, Kraft, M.E. Frank, Hoogwegt, Unilever); 4. Aceites y grasas comestibles (Unilever, ADM, Procter & Gamble); 5. Azúcar/cacao (Nestlé, Tate & Lyle, Cadbury); 6. Bebidas (Guiness, Bass, Seagram, Coca-Cola, Pepsi-Cola, Anheuser Busch); y 7. Distribución (Nestlé, Grand Metropolitan-Pillsbury, RJR Nabisco, Phillip Morris, Kellogg, General Mills, United Biscuit, BSN, Hillsdown Holdings, Ralston Purina, Safeway, Chiquita International).

Cargill exporta 25 por ciento de granos de EU y es de las principales empresas de ese país con ingresos por 88 mil 300 millones de dólares el año pasado; opera con una importante rama financiera para riesgos en los mercados de futuros y cuenta con un hedge fund: Black River Asset Management.

Continental CGC se ha especializado en cereales, aves, porcicultura, carne de res, inversiones en seguros, bienes raíces y compra de activos empresariales. Archer Daniels Midland (ADM) se ha consagrado al negocio de los biocombustibles y 43 por ciento de sus ganancias provienen de productos subsidiados por el gobierno estadunidense.

La madeja de integración vertical y horizontal del cártel alimentario es impactante, pero más asombroso resulta el paraguas financiero de sus otrora grandes bancos (antes de su insolvencia global), primordialmente anglosajones y suizos, vinculados con su estructura operativa de control del aparato gastrointestinal del impotente género humano totalmente avasallado. ¿Cómo vamos a responder los ciudadanos del mundo a este desafío mayúsculo?

Regulación Laboral: lo que falta.

Fuente: www.elmostraador.cl

Por Alberto Finlay*Ayer se celebró en Chile y el mundo un nuevo aniversario del Día del Trabajo. La ocasión es propicia para que todos los actores de este sector expresen sus diagnósticos y expectativas. En ese sentido, la organización que dirijo organizó la semana pasada un seminario internacional sobre trabajo temporal, tal vez uno de los tópicos más candentes de la agenda laboral. En él participaron representantes de empresas y gremios del ámbito de la administración de recursos humanos provenientes de Europa, Colombia, Brasil y Argentina, entre otros.

 

De este encuentro se pueden extraer algunas conclusiones interesantes al comparar la regulación chilena con los usos y prácticas a nivel internacional. La primera es que el imperativo de contar con formas flexibles de empleo, con el debido resguardo de los derechos laborales, es una necesidad común a los mercados mundiales y de las naciones más diversas. La segunda es que la forma de abordar esa necesidad ha sido igualmente diversa.

En suma, al hablar de Empresas de Servicios Transitorios (EST) en Chile no estamos solos, y muchas veces los números son sorprendentes: no es lo mismo decir que las mujeres son grandes beneficiadas de las formas flexibles de empleo, que decir que su participación en el empleo temporal es de un 83% en Japón, 80 % en Suecia, 75% en Finlandia y 64% en Noruega. Como sabrán, la inclusión de la mujer en el mercado del trabajo es una de las grandes falencias chilenas, comparativamente hablando, y los países referidos son de aquellos con los que nos gusta hacer comparaciones.

Brasil, por su parte, presentó cifras propias de su tamaño y gravitación internacional: 7,7% de la población económicamente activa está tercerizada, lo que equivale a más de 7 millones de trabajadores en esa condición.

Argentina comunicó que formalizó el empleo del agro a partir del ingreso de las EST a éste. En nuestro país, sin embargo, subsiste la figura del “enganchador” en el campo y la Dirección del Trabajo ha considerado que la Ley que regula la subcontratación y el Trabajo Temporal no se aplica al mundo agrícola.

Colombia habló de su regulación interna y a partir de ella se entiende uno de los factores que le ha permitido erigirse como una de las economías más receptivas a la inversión intensiva en contratación en nuestro continente.

A nivel de mercado, en el mundo, Japón, Estados Unidos y el Reino Unido, respectivamente, son los principales actores empresariales de trabajo transitorio, una actividad que factura más de € 220.000 millones anualmente. Según lo expuesto por la Presidenta del Capítulo Europeo de CIETT (Confederación Internacional de Empresas de Trabajo Transitorio), el liderazgo de estas economías en el mundo y su posición en la tercerización es causal y no casual.

En Chile, en tanto, seguimos avanzando para que una ley cuya visibilidad ha dependido fundamentalmente del conflicto a nivel de subcontratación, se abra a avanzar para fortalecer la actividad que más silenciosamente creó y formalizó: el trabajo temporal y los servicios transitorios. Al ver los ejemplos internacionales y los casos expuestos, reforzamos la convicción que tenemos sobre el aporte de las EST al mercado laboral y a la consecución de la deseada flexiseguridad, concepto efímeramente célebre en Chile, pero clave en el debate regulador europeo actual. Con el mundo competimos, por eso es necesario seguir mirando cómo producen nuestros vecinos, competidores y mercados de destino.