Denuncian a Chile ante la CIDH por ”abusos” cometidos contra mapuches.

Director del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, José Aylwin, afirmó que en el país los pueblos indígenas son objeto de ”hostigamiento”. El Gobierno se defendió reconociendo que ”hay aspectos que tenemos que reforzar”, aunque hizo hincapié en que se ha avanzado significativamente en la defensa de los derechos humanos.
El Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas pidió este lunes a la CIDH que visite, de manera urgente, las comunidades de los indígenas mapuches en Chile para investigar las supuestas violaciones a los derechos humanos de esta etnia.En una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el director de la instancia, José Aylwin, denunció el trato de “hostigamiento” que dan las instituciones a los dirigentes mapuches y a los defensores de los derechos de los indígenas, con detenciones arbitrarias, violencia policial y discriminación étnica.Acompañado por Adolfo Millabur, alcalde de Tirúa y dirigente lafkenche, explicó a los comisionados de la CIDH que en 2007 hubo más de 20 casos de violencia policial contra comunidades, dirigentes o comuneros mapuches y que en lo que va de año se han registrado ya tres casos más de violencia.

Desde 2000, sólo se han registrado dos muertes de mapuches: Alex Lemun el 12 de noviembre de 2002 y Matías Catrielo, el pasado 3 de enero.

Aylwin explicó que hay una “proliferación de acciones judiciales” contra dirigentes indígenas en Chile, a los que se aplica a menudo la ley antiterrorista y juicios militares en lugar de civiles.

También se refirió al modelo económico de Chile, que consiste, dijo, en “expandir la economía hacia tierras indígenas ricas en recursos”, sin que se deje participar a las comunidades indígenas en los ingresos que generan los proyectos.

“Hay un quebrantamiento de la ley en lo relacionado con el derecho a la propiedad. Es una política de hostigamiento”, subrayó Aylwin.

Persecución política

El dirigente lafkenche Adolfo Millabur señaló, por su parte, que en Chile “persiste la persecución política a los luchadores sociales” como los dirigentes mapuches y los defensores de los derechos de los indígenas.

Según sus palabras, a través de la ley antiterrorista se han encarcelado muchos dirigentes, e “incluso ha habido detenciones arbitrarias de niños”, sin que hayan tenido un proceso judicial.

“Hay violencia policial, se aplican tribunales militares y todos los casos de violencia por parte de policías han quedado impunes”, denunció el alcalde de Tirúa, quien calificó a los detenidos indígenas de “presos políticos”.

Para Millabur, la razón por la que no se respetan los derechos de los mapuches está el modelo económico chileno, “que impone un sistema de no respeto a las comunidades” indígenas.

“Todos los gobiernos en Chile han avalado la expansión forestal en nuestros territorios”, lamentó.

En Chile, se registran con frecuencia enfrentamientos entre empresas forestales e indígenas, que luchan por recuperar tierras de sus antepasados y que han sido acusados y condenados por incendios y usurpación de terrenos con uso de la violencia.

Aspectos a reforzar

El Gobierno, representado por Juan Aníbal Barría, director de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, reconoció que “hay aspectos que tenemos que reforzar” en materia de indígenas, pero señaló que Chile ha hecho muchos avances en la defensa de los derechos humanos.

Negó que haya una política de discriminación a los pueblos indígenas, detenciones secretas o impunidad para los policías, y subrayó que el Gobierno ha prestado “especial atención” a las demandas de los indígenas.

En este sentido, destacó la creación a finales de enero de una comisión interministerial para Asuntos Indígenas, que debe impulsar el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas.

También recordó que el Gobierno ha presentado al Congreso un proyecto referido al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas, que ha sido aprobado recientemente por el Senado y está pendiente de ser ratificado.

El relator especial de la CIDH sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, Víctor Abramovich, subrayó la importancia de este hecho, si bien dijo que era a “todas luces incompatible” que tribunales militares analicen casos civiles y de violación de derechos humanos

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PRESIDENTA BACHELET: “CON LA REFORMA PREVISIONAL NO GANA ESTE O AQUEL GRUPO, SINO CHILE EN SU CONJUNTO”.

Fuente: www.sernam.cl

Tras firmar el decreto que promulga la Reforma Previsional, el cambio más importante a ese sistema desde la creación de las AFP en 1980, la Presidenta Bachelet afirmó que su tramitación demuestran la forma  en que “nos quiere ver la ciudadanía. Enfrentando seriamente los problemas del país y encontrando las respuestas constructivas que le hacen bien a Chile y a su gente”.

·    En la ocasión, la Jefa de Estado agradeció la labor de los parlamentarios de gobierno y oposición, y sostuvo que “era fácil ponerse populista a costa de los sueños de los abuelos y abuelas. Sin embargo, no se cayó en esa tentación. Y el gobierno y la oposición estuvieron a la altura de las exigencias”.

La Presidenta de la  República, Michelle Bachelet, firmó esta mañana en La Moneda el decreto que promulga la Ley Nº 20.255 que reforma el sistema previsional chileno y que constituye el cambio más importante al sistema desde la creación de las AFP en 1980.La Mandataria firmó el decreto en conjunto con los ministros del Trabajo, Osvaldo Andrade; de Hacienda, Andrés Velasco; de Interior, Edmundo Pérez Yoma, y por la ministra del Servicio Nacional de la Mujer, Laura Albornoz.

El resto del gabinete de la Presidenta, ministros y subsecretarios, incluida la subdirectora del Sernam Carmen Andrade, acompañó a la Jefa de Estado como invitados al acto formal realizado en el Patio de las Camelias.

En la ocasión, la Jefa de Estado señaló que “con la reforma previsional no gana este grupo o aquel otro, sino Chile en su conjunto.  Ganan, desde luego, los cientos de miles de pensionados que ahora recibirán una pensión más digna, o que ahora recibirán una pensión que antes no recibían, a los cuales les decimos que Chile valora el esfuerzo de sus vidas”.

Del mismo modo, afirmó que el mensaje principal de esta iniciativa es que “Chile valora su vida dedicada al trabajo. De hombres y mujeres. De ricos y pobres. De quienes tuvieron la fortuna de contar con un trabajo estable, como de quienes no tuvieron esa fortuna. De las familias y de los abuelos. De la madre que tuvo que quedarse en su casa cuidando a sus hijos. De los jóvenes que quieren más oportunidades. De todos los chilenos y chilenas”.

En ese contexto, la Mandataria  relevó que la confección y tramitación de este reforma deja un conjunto de enseñanzas políticas, “y yo lo resumiría de este modo: así nos quiere ver la ciudadanía. Enfrentando seriamente los problemas del país y encontrando las respuestas constructivas que le hacen bien a Chile y a su gente. La ciudadanía quiere diálogo, y no trincheras y confrontación. Quiere propuestas, y no descalificaciones. Quiere soluciones”, precisó.

Asimismo, señaló que “la ciudadanía quiere que prime el espíritu que permitió aprobar una reforma tan compleja como ésta, que hizo posible los acuerdos en educación y seguridad ciudadana; que está sacando adelante la agenda de probidad y transparencia. Es  decir, que prevalezca el consenso y el diálogo, más que la confrontación sin sentido”.

En ese sentido, la Jefa de Estado subrayó que “la aprobación de una ley como ésta permite que el país vea el triunfo de la inteligencia, la creatividad, la reflexión madura y profesional, la capacidad técnica y la laboriosidad del gobierno y de sus parlamentarios, del conjunto de sus parlamentarios. Así también nos quiere ver la gente: imponiendo la inteligencia y la razón en la gestión política”.

Acompañada por prácticamente la totalidad de su gabinete de ministros, además de subsecretarios, jefes  de servicios, parlamentarios y representantes de todos los partidos políticos, la Presidenta Bachelet celebró el inicio de una nueva etapa  en el ámbito previsional y precisó que “para que la democracia sea cada día más sólida, es indispensable que exista un conjunto de derechos sociales garantizados”.

El nuevo marco legal crea, entre otras cosas, un Sistema de Pensiones Solidarias que beneficiará a hombres y mujeres que, por diversas razones, no lograron ahorrar lo suficiente para financiar una pensión digna.

Además, quienes no tienen ahorros previsionales e integran el grupo más vulnerable de la población, accederán gradualmente a una Pensión Básica Solidaria (PBS) a partir del 1 de julio de 2008, con un valor inicial de $ 60.000. A partir de julio de 2009, accederán a este beneficio el 45% más pobre de la población y la pensión se incrementará a $ 75.000 el 1 de julio de 2009.

Para quienes hayan cotizado en algún sistema previsional, pero de manera insuficiente, el Estado entregará un suplemento para incrementar la pensión, denominado Aporte  Previsional Solidario (APS) y, de esa forma, asegurar un monto máximo a recibir. Este beneficio  comenzará a entregarse a partir de julio de 2008, donde se garantizará una pensión máxima de $70.000. En julio de 2009, el tope para la pensión con aporte previsional solidario aumentará a $120.000, y así gradualmente hasta llegar a $255.000 en 2012.

Al respecto, la Mandataria indicó que la idea es promover un sistema que, sobre la perspectiva de derechos sociales de las personas, entregue tranquilidad a los ciudadanos y a sus familias para desarrollar sus vidas de manera libre y plena. “Y creo que para todos es evidente que en ese tipo de concepto de sociedad en que queremos vivir, la reforma a la previsión es un eje, es una piedra angular de este sistema”, puntualizó.

Finalmente, la Jefa de Estado agradeció la labor de los parlamentarios de gobierno y oposición, y sostuvo que “era fácil ponerse populista a costa de los sueños de los abuelos y abuelas. Sin embargo, no se cayó en esa tentación.  Se cayó en la idea de garantizar derechos sociales. Eso fue una opción clara y definitiva. Y el gobierno y la oposición estuvieron a la altura de las exigencias”.

L ey Nº 20.255 que establece la Reforma Previsional

La nueva Ley, aprobada en enero de este año,  establece que en los primeros años, las pensiones solidarias se concentrarán en los pensionados de menores ingresos, para ir gradualmente alcanzando a las personas que integren un grupo familiar perteneciente al 60% más pobre de la población. En 2010 se estima que existirán más de 800 mil beneficiarios del Sistema de Pensiones Solidarias, alcanzando en régimen (en 2012) en torno a 1,5 millones de personas.

Las mujeres serán las principales beneficiarias del Sistema de Pensiones Solidarias, ya que se estima que más de un 60% de las PBS serán percibidas por ellas.

Se otorgará un bono por cada hijo nacido vivo,  a todas las mujeres que perciban pensión de vejez, de invalidez o sobrevivencia, cuando cumplan 65 años, y a todas las beneficiarias del Pilar Solidario. Este bono equivale al 10% de 18 salarios mínimos. También recibirán este bono los hijos adoptados. 

Se incluye como beneficiario de pensión de sobrevivencia generada por la mujer a su cónyuge hombre. También se autoriza la división del saldo acumulado en las cuentas individuales de cada cónyuge en caso de divorcio o nulidad.

En tanto para los trabajadores independientes se iguala la situación de derechos y obligaciones de cotización respecto de los trabajadores dependientes. Tendrán acceso a todos los beneficios del Sistema de Pensiones Solidarias, a la Asignación Familiar, podrán afiliarse a las Cajas de Compensación y estarán protegidos por la ley de accidentes del trabajo. Su afiliación obligatoria se alcanzará en forma gradual, considerando un período de tres años en que continúa con la afiliación voluntaria.

Para los trabajadores jóvenes se crea un Subsidio a las primeras 24 cotizaciones de los trabajadores entre 18 y 35 años que perciban ingresos inferiores a 1,5 veces el salario mínimo.

Para otorgar mayor competencia y menores costos en el sistema de AFP se harán Licitaciones entre las AFP de los nuevos afiliados. Esto significa que los nuevos trabajadores serán asignados, por hasta 24 meses, a la AFP que ofrezca la menor comisión en la licitación, lo que se estima disminuirá el valor de las comisiones cobradas por las Administradoras.

Se eliminan las comisiones fijas por cotización, retiros y por transferencia de saldo, de modo de facilitar la comparación de precios entre administradoras. Se  independiza de las AFP la administración del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS), realizándose una licitación de este seguro para todos los afiliados, independiente de la AFP en la que se encuentren.

Para lograr una mayor rentabilidad de los fondos de pensiones se amplían las alternativas de inversión en Chile y en el exterior, lo que permitirá alcanzar mejores pensiones para los afiliados a las AFP. Se estima que un 1% de rentabilidad a lo largo de la vida activa aumenta en un 20% el monto de la pensión.

En el caso del límite de inversión en el exterior, se amplía hasta un 80%. Se flexibiliza el régimen de inversiones dejando sólo 5 límites establecidos por ley. Estas medidas permitirán mejorar la combinación de rentabilidad y riesgo de los ahorros previsionales de los trabajadores.

En cuanto al Ahorro Provisional Voluntario, se creará un mecanismo de ahorro previsional voluntario colectivo, mediante el cual los ahorros realizados por los trabajadores son complementados por sus respectivos empleadores, mediante acuerdos entre cada empresa y sus trabajadores.

Se mantiene el actual beneficio tributario al APV, pero además se crea un nuevo incentivo al ahorro previsional voluntario dirigido a la clase media, que beneficiará a quienes perciban rentas de hasta 1, 5 millones mensuales. Esta medida, consiste en una bonificación equivalente al 15% del monto ahorrado voluntariamente por el trabajador.

Con todo lo anterior la Reforma Previsional incorpora nuevos beneficios, beneficiarios y partícipes del sistema que hacen necesario modificar la institucionalidad vigente, de modo de garantizar un otorgamiento eficientemente de los nuevos beneficios.

Para ello se crea el Instituto de Previsión Social (IPS), responsable de la administración del Sistema de Pensiones Solidarias, de los regímenes previsionales que administra el INP y de los Centros de Atención Previsional Integral. Estos Centros están destinados a prestar servicios de tramitación de beneficios del Pilar Solidario, así como garantizar la prestación de servicios esenciales de información del sistema de pensiones para todos los usuarios.

También se crea una Superintendencia de Pensiones con facultades fiscalizadoras para resguardar el correcto funcionamiento del sistema, incluida la posibilidad de designar un  “ inspector delegado” que resguarde la seguridad de los Fondos de Pensiones ante eventos que los pongan en riesgo.

Se promoverá la participación en el sistema de pensiones, para lo cual se creará una Comisión De Usuarios, que estará integrada por pensionados, trabajadores, representantes de los organismos administradores del sistema y un académico -que la presidirá-, donde se recogerán las evaluaciones que efectúen respecto del sistema de pensiones.

Santiago, 11 de marzo de 2008