‘EL MINISTRO DEL INTERIOR ESTÁ DANDO PIE PARA QUE LOS CIUDADANOS QUE NO CUMPLAN LAS LEYES’.

Fuente: www.patagoniasinrepresas.cl 

Varios dirigentes de organizaciones regionales cuestionaron las palabras del ministro del Interior Edmundo Pérez-Yoma, quien apoyó públicamente el proyecto de HidroAysén, sin haber ingresado siquiera el estudio de impacto ambiental al sistema de evaluación que establece la Ley.

Como una falta de respeto a los ayseninos y chilenos en general cayeron en la Región de Aysén las palabras del ministro del Interior, Edmundo Pérez-Yoma, quien dijo que era necesario aprobar los proyectos de represas en la zona, dando un apoyo explícito a HidroAysén, sociedad entre Endesa y Colbún para intervenir los ríos Baker y Pascua.

“Me siento desilusionada de este Gobierno que se dice ciudadano, participativo, donde una autoridad del Estado pasa por sobre la institucionalidad que nos hemos dado, preaprobando un proyecto que no ha ingresado aún al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental” dijo al respecto la presidenta de la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén, Miriam Chible.

Cuestionó la señal que se da al país. “Yo soy empresaria e, independiente de mis preocupaciones y necesidades, debo cumplir las leyes. Con lo que dijo en los últimos días, Pérez-Yoma está dando pie para que sobre la base de nuestras particulares visiones no cumplamos las leyes, por ejemplo que no paguemos los impuestos, no paguemos las contribuciones e incluso que tomemos la justicia por nuestras propias manos. Es patético de un país que se dice responsable y respetuoso de la legalidad” puntualizó.

Llamó “a las autoridades sensatas de este Gobierno, que aún creen en los valores por los cuales millones luchamos, a perder el miedo a las presiones de las trasnacionales, porque están claras las señales que nos está dando el planeta en el sentido de la arremetida que están haciendo estos grupos económicos, que no tienen color político ni religión, en contra de los intereses básicos de la gente y las comunidades en toda Latinoamérica”. “También hago un llamado al resto de los chilenos y chilenas para que se empoderen de la fuerza que se toma al estar unidos y enfrentar estos temas en común cuando el Gobierno, y las megaempresas en las sombras, actúan contra la gente” concluyó.

Por su parte el presidente de la Corporación Costa Carrera, Alejandro del Pino, recalcó la complejidad de lo señalado por el jefe de Gobierno, ya que “él es el superior jerárquico de los intendentes, quienes son los presidentes de las comisiones regionales del medioambiente y esto se puede entender como una instrucción a aprobar los proyectos, independiente de los impactos ambientales”. Agregó que “es una falta de respeto a los ayseninos, quienes esperamos que el Gobierno nos dé todas las garantías en la evaluación de estos estudios. Pérez-Yoma puso en duda la fe pública y el Estado de Derecho”, al tiempo que anunció que pedirán “la inhabilitación de Pérez Yoma en el proceso, así como del ministro de Obras Públicas Sergio Bitar, quien respaldó las centrales la semana pasada”.

Las palabras de los dirigentes regionales fueron acordes con las del presidente del Consejo de Defensa de la Patagonia Chilena Patricio Rodrigo, el senador Alejandro Navarro y el propio senador por Aysén Antonio Horvath, quien expresó que con sus declaraciones el ministro automáticamente se inhabilita ante la Comisión Nacional del Medioambiente.

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Relator ONU: No se justifica aplicar Ley Antiterrorista en conflicto mapuche.

Fuente: www.cooperativa.cl 

Rodolfo Stavenhagen señaló que en su visita en 2003 recomendó que se buscara una vía política a estos movimientos sociales y que no se criminalizara las acciones de estas organizaciones.

El relator especial de las Naciones Unidas para los derechos indígenas, Rodolfo Stavenhagen, señaló que si bien no aprueba las acciones de fuerza de activistas mapuches, éstas no justifican la aplicación de la Ley Antiterrorista.  “No apruebo, pero entiendo cuando la gente tiene bloqueada la vía democrática, la vía política, la vía de la negociación, la vía institucional, que puedan tomar medidas como ocupación de predios que es todo caso un delito del orden civil, pero que no justifica una represión de la fuerza armada, ni la aplicación de la ley antiterrorista”, explicó el relator a El Diario de Cooperativa. Stavenhagen se refirió, además, a las conclusiones que tuvo su informe, durante la visita que realizó en 2003 a Chile. “El problema fundamental me pareció la situación vulnerable de las comunidades indígenas, mapuches sobre todo, pero no exclusivamente, con respecto a sus derechos sobre la tierra, el territorio y los recursos naturales”, detalló. Con respecto a la denuncia del Observatorio de los Derechos de los Pueblos Indígenas, de que los mapuches son víctimas de maltrato por parte de Carabineros y que ha llegado al relator, señaló que se está analizando y ya se tomó contacto con el Gobierno. “Ya hemos tomado contacto y estamos esperando la respuesta, me gustaría visitar Chile nuevamente. Tendría que haber un acuerdo entre el relator y el Gobierno”, afirmó Stavenhagen, quien destacó que en unos días termina su misión como relator, por lo que tendría que ser su sucesor el que siga trabajando.

Piden más jueces para tribunales de familia .

Fuente: La Nación

La Corte de Apelaciones de Santiago solicitó ayer al ministro de 
Justicia, Carlos Maldonado, que nombre jueces suplentes para 
solucionar la congestión de causas que se ha registrado en los 
Tribunales de Familia.

A pesar de que hace un año el entonces titular de Justicia, Isidro 
Solís, aseveró que la implementación de los juzgados de Familia y 
Laborales era prioridad en el Gobierno, en ambos persisten problemas 
de lentitud en la tramitación de causas, según el oficio emanado por 
el pleno del tribunal de alzada.

Para enfrentar la acumulación de procesos, el 5 de noviembre de 2007 
se creó el Centro de Medidas Cautelares y Violencia Intrafamiliar, con
el fin de acelerar tramitaciones en los cuatro juzgados de familia de 
Santiago. A sólo dos días de su puesta en marcha se recibieron 246 
demandas, más del doble que en octubre, mes en que llegaron a 113.

En esa oportunidad la ministra de la Corte Suprema, Margarita 
Herreros, calificó la medida como ?una posta de emergencia?. El 
problema del exceso de tramitación de causas volvió a quedar en 
evidencia en el informe presentado ayer por la Corte de Apelaciones.

Ante la falta de magistrados con dedicación exclusiva a las causas de 
familia, el tribunal de alzada capitalino emanó el oficio, solicitando
al Gobierno el nombramiento de un número razonable de jueces, para que
los juzgados puedan tener un funcionamiento óptimo.