Los efectos del “perdonazo migratorio”: salud pública espera más de 30 mil nuevos usuarios.

Fuente: http://www.ciper.cl 

Enero, 2008.

La “amnistía” otorgada a peruanos, bolivianos y otros extranjeros que 
hasta ahora estaban ilegales en Chile amenaza con una presión 
explosiva a hospitales y consultorios a contar del 5 de febrero, 
cuando finaliza la regularización. Pero si los funcionarios del 
sistema público reclaman por la recarga de trabajo que se les viene 
encima, los inmigrantes se quejan de lo que acá siempre se niega: 
discriminación, racismo, malos tratos y negación del derecho a la 
salud. El Ministerio de Salud por primera vez está midiendo la 
magnitud del problema y CIPER entrega avances de ese sorprendente 
estudio.

Por Pedro Ramírez, CIPER

Otros 30 mil inmigrantes hasta hoy ilegales en Chile ya no lo serán el próximo 5 de febrero, cuando haya finalizado el proceso de  regularización de visas para extranjeros iniciado en noviembre por el  Ministerio del Interior. La cifra que arrojará el “perdonazo” 
migratorio encendió las alarmas de las autoridades de Salud, pues  significará un incremento explosivo de usuarios del sistema de  atención primaria y hospitalaria de la zona norte capitalina, allí  donde se concentra la mayor cantidad de inmigrantes de Santiago.

La presión que se viene sobre los consultorios preocupa especialmente a sus funcionarios. Hasta ahora han visto incrementarse sin tregua el número de usuarios inmigrantes sin que se modifique ni infraestructura ni personal. De allí la tensión acumulada en esos centros de atención primaria contra los extranjeros de pocos recursos.

El conflicto partió en 1998, con la primera “amnistía” migratoria para la oleada de peruanos que llegaron escapando de la guerra interna que sacudió a su país. Cerca de 21 mil inmigrantes resultaron beneficiados -de los cuales 18.500 siguen en Chile-, provocando la primera presión  de extranjeros sobre los consultorios, la que no ha cesado de aumentar.

Los efectos de esa explosiva situación se conocerán dos semanas antes de que se entregue la cifra definitiva de nuevos extranjeros que obtendrán su residencia en el país. Entonces, el Ministerio de Salud dará a conocer los primeros resultados de un extenso estudio que 
arrojará el primer diagnóstico serio sobre los problemas relacionados 
con las atención de inmigrantes “regulares e irregulares” en los 
centros asistenciales de la zona metropolitana norte.

El estudio, desarrollado por la consultora Demoscópica, muestra, entre otros factores, que gran parte de las fricciones se deben a que los funcionarios de salud no fueron capacitados para comprender los patrones culturales de los extranjeros, especialmente peruanos, y a la falta de una normativa que estandarice los procedimientos para 
atenderlos.

“No es tanto que los colegas sean racistas. Es que los peruanos son un
cacho. Vienen una vez y después no cumplen con los controles. Llegan 
con niños de 6 años y nunca les han puesto una vacuna. Cuando están 
esperando guagua, las mujeres llegan por primera vez al control cuando
tienen varios meses de embarazo. Y los colegas se enojan, porque los 
encuentran descuidados”, reconoce una funcionaria de un consultorio de 
la zona norte que pide reserva de su nombre.

Un médico chileno de la red pública (más del 46% de los facultativos 
que trabajan en consultorios de salud primaria son extranjeros) 
entrega otra cara del problema:

-Los inmigrantes no cumplen los controles porque son personas que 
privilegian el trabajo: vienen a Chile a trabajar, a juntar plata, y 
muchas veces tienen empleos precarios, con problemas para pedir 
permiso para ir al control. “Nos llegan niños de 5 ó 6 años sin sus 
vacunas y eso es un problema de salud pública”. Los que están 
irregulares no cotizan en Fonasa y atenderlos es pérdida para el 
consultorio o el hospital, entonces los directores presionan para que 
no los reciban. Pero, “qué pasa si hay un caso de polio o tuberculosis
porque el chico no fue vacunado”. El Estado debe tener una política 
para esas personas. Y como no existe, muchas veces uno los atiende así
no más, con costo para uno. Depende mucho de la voluntad del personal 
y hay menos voluntad en los consultorios donde viven más peruanos, 
porque con ellos ha aumentado mucho la gente que se atiende ahí. Y el 
personal gana la misma plata atendiendo a más personas.

“Que aparezcan de un día para otro más de 30 mil ciudadanos, con todos
sus derechos, es una tremenda presión sobre el aparato público”, 
explica el ex jefe metropolitano de Extranjería, Esteban Tumba. Y son
los sectores de Trabajo, Salud, Vivienda y Educación los que más  sufren. Estos problemas, dice Tumba, se deben a que el Estado ha mantenido una política de fronteras abiertas, pero sin declararla formalmente y sin invertir en políticas públicas para absorber las 
demandas de estos nuevos ciudadanos.

Grupos vulnerables.

Dafne es chilena. Nació hace un mes en la maternidad del Hospital San 
José y su madre, Melca Pacaya, nunca se sometió a un control médico 
durante el embarazo. Su caso es un ejemplo de las dificultades que 
tienen los inmigrantes peruanos, especialmente los indocumentados, 
para acceder a la red pública de salud.

Aunque desde 2003 existe un convenio entre el Ministerio de Salud y el
Departamento de Extranjería para que las madres extranjeras,  independiente de si están legalmente en Chile, tengan acceso a controles en los consultorios, Melca Pacaya dice que se le negó la atención en las cuatro oportunidades en que se presentó en el 
Consultorio Recoleta, que corresponde a su domicilio. Había extraviado
su pasaporte y por esa razón no contaba con cédula de identidad 
chilena. Sin el carné, el consultorio le cerró la puerta:

“Yo no tenía papeles, pero todos me decían anda así no más, te tienen  que atender”. “Fui cuatro veces y no me atendieron, porque no tenía carné. En la puerta ya me decían: para qué vienes”. “Y yo explicaba que había perdido mi pasaporte, que lo estaba pidiendo en el consulado y  que sin pasaporte no me daban carné. La segunda vez fui con una 
constancia del consulado de que ya había pedido el pasaporte. Igual me
dijeron: eso no sirve”. “Una vez, estaba ahí sentada y una mujer le  dice a otra: Puchas, esta señora está embarazada y no la quieren atender”. “Ellas reclamaron hasta que me subieron a una oficina. Ahí me entrevistaron diciendo: para qué vienes, si no tienes nada”. “Bajé y entonces, de buena persona, una matrona me revisó” cuenta Melca.

El sociólogo Lorenzo Agar coordina el equipo que montó en noviembre de
2006 el Ministerio de Salud para conocer en detalle los problemas que 
enfrentan los inmigrantes en la red de atención pública. Agar explica 
que “desde 2003 hay una normativa entre extranjería y el Ministerio de
 Salud, por la cual la mujer embarazada, aunque esté irregular, tiene 
derecho a una visa de residencia transitoria y acceso al carné de 
identidad y, con ese carné, acceso a Fonasa, aunque sea en el nivel A,
el de las personas sin recursos”.

El profesional asegura que hay un promedio anual de 300 personas que 
ocupan esa visa especial, en un 90% peruanas.

“El hijo que nace es chileno. Pero no todo el mundo está informado de 
los derechos de ese niño. Esa es una etapa que queremos cubrir el 
próximo año: la difusión. Hay una serie de beneficios que no se ocupan
porque no se sabe que existen. Difusión entre los inmigrantes y entre 
los funcionarios de los servicios de salud, porque ahí también hay 
desconocimiento”.

Escasa información

Doscientos mil extranjeros en Chile es la cifra que arrojó el Censo de
2002. Transcurridos cinco años, sigue siendo la cifra oficial pese a 
que los especialistas en proyección demográfica indican que en estos 
años se aceleró el ingreso de inmigrantes. Diversos estudios sitúan a 
la población extranjera entre las 260 y 280 mil personas, un tercio de las cuales proviene de Perú.

“En Chile” comenta Agar ” la inmigración ha aumentado un 70% en los 
últimos 10 años. Y va a seguir aumentando porque todos los indicadores
muestran que es un país atractivo desde el punto de vista migratorio . Si se comparan algunos indicadores de Perú, Bolivia y Chile, claramente muestran que peruanos y bolivianos, e incluso argentinos, van a seguir llegando, bajo la hipótesis de que se 
mantengan las condiciones económicas, políticas y sociales de estos 
países. Hoy los inmigrantes corresponden prácticamente al 1,8% de la 
población chilena. En el censo del 2002 eran el 1,3%”.

Si bien al anunciar el “perdonazo” se especuló que esta vez el beneficio se extendería a unas 20 mil personas, esa cifra será largamente superada. Ya en la primera quincena de diciembre había  19.918 visas entregadas. De ellas 15.229 correspondían a peruanos 
(76,6 % del total). Agar estima que finalmente el número de nuevos 
inmigrantes regularizados estará entre 30 mil y 40 mil.

Esteban Tumba, director de un diplomado sobre inmigración, tiene una 
mirada crítica respecto del proceso de regularización en curso. El 
especialista dice que el proceso de 1998 no fue aprovechado para 
obtener información que permitiera desarrollar políticas para integrar
mejor a los inmigrantes, evitar brotes xenófobos y fomentar el respeto
a sus derechos laborales y previsionales. Revisando los formularios 
que se deben completar en esta nueva amnistía, teme que pasará lo
mismo:

“Como Estado tenemos la opción de tener o no política migratoria, pero
 no nos podemos equivocar en lo que sí debemos hacer: conocer bien el 
fenómeno. Y no lo conocemos bien. Debemos dimensionar toda la 
migración, regular e irregular. No se ha desarrollado un solo estudio 
para que el Estado pueda ir generando líneas de acción. La mirada que 
existe es más de extranjería que de migración. Desde el punto de vista
de extranjería hablas de procedimientos y estándares que la persona 
cumple o no. Pero si hablamos de migraciones, son procesos sociales. 
En 1998 respondimos a una emergencia, actuamos sólo sobre los síntomas
y el proceso terminó ahí. Pero no hubo ningún aprendizaje, no supimos 
cuáles eran las causas de la migración, de dónde venía la gente, por 
qué venía y por qué se había quedado al margen de la legalidad” 
argumenta Tumba.

Capacitación urgente

Si las autoridades hubiesen contado con un informe de caracterización  de los inmigrantes fruto de la “amnistía” de 1998, probablemente se habría capacitado al personal de los consultorios y hospitales para  conocer la cultura de los peruanos y atenderlos con eficiencia. Pero  no fue así y hoy muchos funcionarios de la salud elaboran juicios 
negativos ?con una gran carga racista- sobre los pacientes peruanos:

“Hace falta un manual de procedimientos exactos y una normativa 
ministerial. El procedimiento administrativo debe estar normado y 
estandarizado, para que no existan diferencias entre los consultorios 
de una comuna y otra. Falta además la socialización de esas normativas
a todo nivel, no sólo directivo, sino de los funcionarios. Y falta una
socialización de los patrones culturales de la población inmigrante. 
No basta con tener normas, es necesario socializarlas en un contexto, 
entregar un panorama cultural que caracterice a quiénes estamos 
atendiendo, porque hay hábitos distintos y conocerlos facilita la 
cercanía del personal médico y administrativo con los inmigrantes”, 
dice Mireya Valdebenito, de la consultora Demoscópica.

La socióloga Valdebenito opina con la propiedad que le da el ser la coordinadora del más exhaustivo levantamiento de información sobre la  realidad de salud de los inmigrantes que viven en las comunas del norte de Santiago, allí donde se han asentado mayormente los peruanos.
 
La tarea encomendada por el Ministerio de Salud culmina en julio de 2008.
“La idea no es sólo sistematizar información, sino proponer políticas”, dice la profesional.

El trabajo fue encargado por el equipo de Lorenzo Agar debido a la carencia de estadísticas de atenciones a extranjeros y los costos que ellas ocasionan, lo que formalmente reconoce el Ministerio de Salud.

Fruto de una encuesta aplicada a más de 130 familias de inmigrantes (unos 400 individuos), cuatro focus group y entrevistas con todos los actores relevantes (funcionarios de la salud, directores de ONG s y  organizaciones de la sociedad civil, entre otros), Mireya apuesta a  que una de las políticas ineludibles será capacitar al personal de salud y administrativo para que comprenda la cultura de los  inmigrantes.

“Entre las embarazadas peruanas”, cuenta Mireya “no existe la necesidad
de controlarse en los primeros meses. Así es su cultura. Ellas llegan 
tardíamente al control y eso, al parecer, molesta en los consultorios 
porque hay indicadores por los que son evaluados y uno es el mes en 
que se empieza a controlar el embarazo”.  También, en muchos 
inmigrantes no existe la cultura de controlar al niño sano y de 
vacunarlo. Además, se deben entender ciertos hábitos alimenticios, de 
salubridad y de creencias relacionadas con la salud. Hay gente que 
cree mucho en las hierbas, en los curanderos, los chamanes y que 
cuando tiene guaguas se amarra un pañuelo en la cabeza o se pone 
piedras en el estómago. Y llegan a un sistema de salud que no acoge 
esos patrones culturales, que no entiende que la persona está 
acostumbrada a no bañarse durante el periodo del parto y posparto, por  ejemplo.

Previsión, residencia y cédula

Cruzando la puerta del Consultorio Recoleta, inmediatamente a mano izquierda está la ventanilla de informaciones. El letrero con los requisitos para ser atendido -pegado en el vidrio- parece hecho con el propósito de ahuyentar a los extranjeros indocumentados: “Previsión al día”, “Certificado de residencia” y “Cédula de identidad”.

Cuando se le pregunta a la funcionaria de la ventanilla cuál es el 
procedimiento para que una embarazada extranjera pueda controlarse, 
ella muestra el cartel y recita los tres requisitos. Al replicarle que eso excluye a las embarazadas en situación migratoria irregular, lo que contraviene el convenio del año 2003, la funcionaria insiste en que sólo se atiende con cédula de identidad. Se le consulta entonces por los pasos a seguir para acceder al beneficio del convenio. Vuelve 
a recitar los requisitos “son las únicas instrucciones que yo tengo 
de la directora del consultorio”, y da por cerrado el diálogo.

La directora del consultorio, María Elisa Miranda, no recibió a CIPER.
A través de su secretaria señaló que las razones por las cuales el personal de recepción no maneja información sobre el convenio debían ser respondidas por Genoveva Figueroa, directora del Departamento de Salud municipal.

Genoveva Figueroa prometió una entrevista que nunca se materializó.
“En ese consultorio yo he llorado para que atiendan a mi hijo”, dice 
la dueña de casa peruana Ana Centurión. Ella vive en Salas 224, en el 
corazón de la Vega Central, en los altillos de las bodegas de frutas. 
Ocho familias habitan en las pequeñas piezas del inmueble. Parada en 
la puerta de la vivienda, donde le hace el quite al calor, Ana recibe 
la ayuda de un operativo sanitario organizado por la sede de la Cruz 
Roja ubicada a un par de cuadras, en Lastra con Independencia.

“Mi hijo de 3 años estaba enfermo, mal. Lo llevamos al Consultorio 
Recoleta, pero no lo atendieron porque no teníamos los papeles. Mi 
hijo tiene su cédula y estamos en Fonasa, pero no tenemos el 
certificado de residencia. Acá no hay unidad vecinal, se desunieron. 
El papel lo da también Carabineros y ellos piden un recibo de luz y el
contrato de arriendo”.

“La verdad es que acá no dan contrato de arriendo”, la interrumpe 
Mónica Contreras, otra ocupante de la casa, también peruana, “tampoco 
boleta, porque aquí el que está subarrendando también es extranjero, 
ecuatoriano. Y si tuviéramos alguna queja, lo cogen a él y quedamos 
todos en la calle”.

“¿Y no le cuentan eso a la asistente social o a la directora del
consultorio?”

“Pero si le digo que hasta le lloré” responde Ana- “porque mi hijo 
tenía unos granos por todo el cuerpo que le brotaban y se le hacían 
más grandes. Esto fue recién hace un mes. Yo al consultorio fui y 
lloré. Le dije que lo único que quería era que lo viera un médico, 
porque lo había llevado a urgencias del Hospital Roberto del Río y no 
dieron con su enfermedad. Pero no me lo atendieron. Les dije que mi 
esposo y yo estamos en Fonasa, y nada. Una señora se interesó cuando 
me puse a llorar y una enfermera me dijo “anda con la directora”. 
Entré y me dijo “no”, que tenía que tener el certificado de 
residencia. Yo le dije “mi hijo está mal, quisiera que lo vea un 
médico sólo para que me diga si es grave”, y nada. Me rechazó igual. 
Al final lo vio el “Dr. Simi”, le encontró lo que tenía y nos dio los 
medicamentos para el bebé”.

Así como los inmigrantes le hacen el quite a consultorios como el de 
Recoleta o el Cruz Melo de Independencia, hay otros centros de atención primaria que han hecho fama por tratarlos bien. Uno de ellos es el Alberto Bachelet. De hecho, siguiendo las instrucciones que le dieron en el Hospital San José después del parto, Melca Pacaya llevó a
Dafne a su primer control en el Cruz Melo, pero allí no la recibieron porque su domicilio correspondía a Recoleta. Curiosamente, la enviaron al Consultorio Bachelet, que es de Conchalí.

“A mí no me extraña que la hayan enviado para acá. Somos como el Hogar
 de Cristo de los consultorios. Siempre buscamos una solución para los extranjeros”, indica Yessica Aqueveque, jefa del Servicio de Orientación Médico Estadística (SOME), encargado de visar las admisiones del Consultorio Bachelet.

Melca Pacaya sale del Consultorio Bachelet con su hija en brazos y con a sensación de que por primera vez desde que está en Chile recibió instrucciones claras y precisas en un centro de salud. Yessica Aqueveque le explicó paso a paso cómo inscribir a Dafne en el Registro Civil y luego en el sistema de salud para que tenga acceso a todos las prestaciones que recibe una niña chilena. Al final, la funcionaria la despide con una frase que ahorra explicaciones: “Mi esposo es extranjero. Nació en Lima”.

Cruz Roja y “Dr. Simi”.

Tras meses entrevistando extranjeros en la Plaza de Armas o en los barrios de Maruri y la Vega, entre otras zonas, el equipo de Mireya  Valdebenito tiene claro que el auge del “Dr. Simi” se debe, en gran parte, a que algo no está funcionando en la red pública:

Hay una serie de alternativas en atención de salud que no han surgido
por casualidad. Es porque hay una demanda muy grande de una población 
inmigrante básicamente no regular. El Hogar de Cristo tiene un  consultorio exclusivo para inmigrantes irregulares, la Cruz Roja brinda atención a inmigrantes sin importar su condición de regularidad, a bajo costo y en horarios en los que ellos pueden 
atenderse, en fines de semana. El famoso “Dr. Simi” ha tenido un boom 
entre la población inmigrante porque permite acceder a una consulta en
un horario mucho más amplio que los centros públicos, a un bajo costo 
y garantizando el acceso a los medicamentos, lo que no siempre ocurre 
en los consultorios. Si han surgido estas alternativas, es un indicador de que hay una insuficiencia del sistema. Los horarios de los consultorios no son compatibles con la jornada laboral de un inmigrante común. La mayoría de las mujeres trabaja en servicio 
doméstico y los hombres en la construcción, con jornadas de 10 a 12 horas y muchas veces ni siquiera pueden salir, porque están puertas adentro. Y los sábados y domingos la atención es súper restringida, sólo para urgencias.

“Yo perdí un buen empleo, con una buena familia, porque me tuve que 
salir para ocuparme de mi hija de 7 años”, relata la ex empleada 
doméstica Marta Quispe. El 17 de abril de 2006 su niña despertó con 
fuertes dolores estomacales:

“La llevamos a un Sapu en Lo Barnechea. Fuimos temprano, como a las 
siete de la mañana, y no la atendieron hasta las 10:00. Ella se doblaba de dolor en la silla, pero nos hicieron esperar hasta el final, pasaban primero chilenos que habían llegado después que nosotros”. “Qué reclamas, Agradece que te atendemos”, me dijeron. Fue 
una impotencia muy grande. A la niña la enviaron de urgencia a las 10:30 al Hospital Calvo Mackenna, tenía una apendicitis que pasó a peritonitis. La operaron recién a las diez de la noche y la dejaron con una obstrucción intestinal. Confundieron su historia médica con la
de otra niña y le dieron comida. Lo sé porque vi el historial médico y yo en Perú hice estudios de enfermería. Tuvieron que volver a operarla y el médico nos dijo “si sabes rezar, reza”. Ella estuvo muy mal.

Tras perder su trabajo de empleada doméstica, Marta ahora toma la presión a los transeúntes frente al local de la Cruz Roja vecino a la Vega. Para corroborar su relato, exhibe un informe de la doctora que atendió a su hija, María Rivera Quispe, en el 
control postoperatorio.

Lorenzo Agar señala que uno de los grupos que tiene garantizada su atención, con independencia de si su situación migratoria es irregular, es el de los menores. De hecho, recientemente se firmó el convenio entre el Ministerio de Salud y el Ministerio del Interior que  amplió la cobertura garantizada a todos los extranjeros menores de 18 
años. Pero las madres peruanas reclaman que esas garantías no siempre 
se respetan.

En la fiesta de Navidad que ofreció la Cruz Roja a los niños de familias inmigrantes el sábado 15 de diciembre, tres mamás peruanas presentan la misma queja: “Nos atienden al final, primero pasan los  chilenos”. Otra apunta: “No nos explican bien, el trato no es amable”.

La doctora Lina Palma atiende a inmigrantes en la sede de la Cruz Roja de calle Independencia y tiene la certeza de que la atención garantizada a los menores no siempre se cumple:
“Tengo un paciente peruano al que le atiendo sus dos hijos, de 7 y 8 
años. El menor se quemó y en el hospital tuvo que firmar un pagaré de 
20 mil pesos que no pudo cubrir. Después el niño se enterró un clavo y
le negaron la atención, no le pusieron la antitetánica, por esa deuda.
¡Cómo no hay corazón para atender a un niño!”

Entre 2002 y 2006 ese local de la Cruz Roja trabajó en conjunto con el Consulado de Perú un programa de atención médica a inmigrantes los días sábado. “El convenio consistía en que el consulado proporcionaba médicos peruanos que prestaban un servicio gratuito y nosotros aportábamos voluntariado e infraestructura”, cuenta la presidenta de 
la entidad, Ximena Basterrica.

En 2007 la cooperación del consulado se diluyó y el programa siguió en marcha sólo por iniciativa de Cruz Roja, que aportó médicos chilenos que cobran 1.500 pesos (US$ 3) o atienden de manera gratuita. Cada sábado por la mañana, cuenta Ximena Basterrica, los médicos reciben hasta 20 extranjeros.

Por la tarde, hasta 60 hijos de inmigrantes llegan a esa sede de la Cruz Roja para recibir atención sicológica y apoyar su inserción en Chile: “En general se sienten muy tristes. Sus padres trabajan todo el día, fueron desgarrados de su entorno, separados de sus abuelos. Se  han presentado muchas patologías de salud mental, de depresión infantil”, señala Basterrica.

“En este momento ?dice la voluntaria- estamos trabajando un proyecto  para crear un jardín infantil para que las mamás extranjeras puedan salir a trabajar tranquilas. Este proyecto lo estamos presentando a la Cruz Roja española y estadounidense para que nos apoyen con el dinero”.

La doctora Palma quiere presentar al Ministerio de Salud un proyecto para que el local de la Cruz Roja cercano a la Vega sea considerado como un consultorio público especializado en inmigrantes: “Muchos  extranjeros que están ilegales no se atreven a ir a los consultorios y hospitales, porque temen dejar sus datos y que luego los deporten. 
Pero sí confían en la Cruz Roja, una institución neutral”.

Si uno de los problemas que ha detectado el equipo ministerial de Lorenzo Agar es la escasa difusión de los derechos y garantías que  asisten a los extranjeros, Palma pide canalizar recursos públicos para una institución que puede hacer esa tarea ya que cuenta con la confianza de los inmigrantes: “La mitad del trabajo ya está hecho”.

El mito de la tuberculosis

El 24 de noviembre de 2006, el diario Las Últimas Noticias puso en marcha una bola de nieve que sigue creciendo en los barrios de la zona norte santiaguina: “Adolescente peruana en tratamiento por tuberculosis causó pánico en su escuela”, decía el encabezado de la  nota.

-No hay indicadores estandarizados. Directores de los mismos centros  de atención primaria dicen que hay una alta prevalencia de TBC. Hay investigaciones que la mencionan como una de las enfermedades transportadas que había sido erradicada de Chile y que con la llegada de inmigrantes, particularmente peruanos, aumentó. Pero la verdad es  que no hay indicadores. Hay percepciones de la gente que trabaja en 
los centros (consultorios), pero formalmente, desde el punto de vista epidemiológico, no hay datos ?señala Mireya Valdebenito.

Después de haber hecho un intenso rastreo sobre el problema en el sector norte capitalino, la profesional dice que en esa área sólo se detectaron cuatro casos de TBC en extranjeros en 2006.

Lorenzo Agar reconoce que el equipo del Ministerio de Salud que aborda el tema de los inmigrantes se formó por dos cosas fundamentales: “Una se refiere al derecho de las personas a ser atendidas, tiene que ver con los derechos humanos. La otra es un poco más egoísta, pero legítima, porque cuando alguien no tiene acceso a la salud ni a las 
medidas preventivas, puede propagar enfermedades ya casi inexistentes 
en Chile”.

La presidenta de la Cruz Roja, Ximena Basterrica, dice que ellos han descubierto algunos cuadros de tuberculosis en inmigrantes que han sido rápidamente derivados a los hospitales San José, en el caso de los adultos, y Roberto del Río, cuando se trata de niños. Pero pide calma frente al tema:

“No olvidemos que los niños chilenos están vacunados. Son niños peruanos los que no lo están y hay que preocuparse de ellos. Todas estas versiones van generando situaciones en que los niños peruanos no son bien recibidos ni aceptados. Pero nosotros en Chile tenemos muy bien desarrollada la prevención”.

El problema es que los extranjeros irregulares “salvo las embarazadas 
o los menores”, están fuera del circuito preventivo, porque el único 
ingreso al sistema de salud que se les permite es cuando presentan una
urgencia médica.

Y en ese momento todo se reduce a quién califica qué es una urgencia. 
“Tuvimos un caso”, cuenta Raúl Paiba, dirigente de los refugiados peruanos en Chile- de un peruano al que lo atropelló un bus del Transantiago. Los mismos carabineros lo llevaron a la Posta Central,  pero no lo atendieron porque no era una urgencia. Lo botaron. Y el hombre no podía caminar. Tenía una fractura triple en una pierna. “¿Eso
no es urgencia?”.

“El criterio de qué es urgencia tampoco es estándar”, explica Mireya Valdebenito- “y depende mucho del hospital al que uno se dirija. Hay casos de accidentes relativamente graves, con fracturas expuestas, por ejemplo, que no son considerados como urgencias”. La opción de atender por urgencia es cuando se trata de casos muy graves, que ponen
en riesgo la vida.

El costo que le significa al país atender a indocumentados a través de
urgencias, no se conoce. “La atención de emergencias es completamente 
anónima, no hay registro de nacionalidad”, comenta Valdebenito. 
Tampoco existe la cifra de cuánto gasta el Estado en las atenciones a 
extranjeros regulares en los hospitales.

“No hay estadísticas en los hospitales”, explica Mireya Valdebenito- 
“porque hasta 2006 no se registraba la nacionalidad de los pacientes. 
Desde noviembre de ese año se registran las variables nacionalidad y 
etnia en las fichas de egreso. Con eso, por primera vez íbamos a saber
qué cantidad de inmigrantes están atendiéndose en los hospitales. El 
problema es que los funcionarios que completan la ficha dicen que la 
gente se molesta cuando les preguntan por su nacionalidad o etnia. La 
gente siente que le faltan el respeto con esa pregunta. Lo consideran 
un insulto. Entonces, los funcionarios muchas veces prefieren no 
preguntar y según cómo escuchan el acento de la persona le asignan una nacionalidad. Por lo tanto, ese indicador no tiene mayor relevancia”

Más educados que los chilenos

Aunque la consultora Demoscópica no puede entregar detalles del estudio que le encargó el Ministerio de Salud hasta que esa cartera decida hacerlas públicas, Mireya Valdebenito adelanta algunos aspectos relacionados con la caracterización de los inmigrantes.

“Según los datos del Censo 2002” explica Valdebenito-, “las mayor 
cantidad de inmigrantes son argentinos. Pero con los datos de la Casen
2006 los peruanos se han homologado a los argentinos. De los 
inmigrantes que tenemos, según los datos de Casen, el 23,3% son 
peruanos, el 22% argentinos y 19,9% provienen de otros países, la 
mayoría cercanos geográficamente (Ecuador, Bolivia, Brasil, Colombia)”.

“En las comunas del Servicio de Salud Metropolitano Norte (donde se 
desarrolló el estudio), tenemos un 66,6% del total de inmigrantes que 
son peruanos, versus el 23,3% a nivel país”, comenta la especialista. 
Y agrega un punto desconocido: los inmigrantes tienen más años de 
escolaridad que los chilenos.

“En Chile tenemos un promedio de años de escolaridad para mayores de 
15 años de cerca de 10,1 años y la población peruana tiene 12,1 años. 
Es decir, tienen una mayor educación formal que nosotros. La población
argentina también tiene un nivel educacional mayor. En general, todos 
los inmigrantes tienen niveles educacionales mayores a los que 
registra la población chilena, excepto el caso de Bolivia, que no 
alcanza a ser un año menos”.

En relación a por qué residen masivamente en los barrios del norte de 
Santiago, pero cercanos al centro de la ciudad, el estudio también 
arrojó luces:

-La mayoría de los inmigrantes de la zona norte son recientes. 
Llegaron hace menos de cinco años. Y se instalan en esas comunas 
porque son parte de una segunda oleada que llega con un contacto, 
conoce a alguien que ya está acá o al menos tiene una referencia. Pero
luego emigran a otras comunas. Se están yendo a Huechuraba o 
Quilicura, donde incluso han comprado casas. Santiago Centro, 
Independencia y Recoleta son sólo comunas de llegada.

Dentro de las enfermedades que los afectan, resaltan los problemas de 
salud mental:

-A nivel familiar, emocional y psicosocial, tienen un gran conflicto 
por haber dejado sus familias y redes de amigos. La mayoría entra con 
una visa de turista que dura tres meses, entonces la primera gran 
tensión es superar la dificultad para regularizarse.

La doctora Lina Palma, que atiende inmigrantes en la sede de la Cruz 
Roja de avenida Independencia, corrobora lo anterior:

“El problema más frecuente es el síndrome depresivo o ansioso-depresivo. El 80% de las consultas tiene que ver con sintomatología que lleva a una depresión, como síntomas de estrés, dormir mal, cefalea constante, intestino irritable. Es un conjunto que
deriva de lo mismo: falta de apoyo y abuso laboral”.

Chile necesita inmigrantes, pero no invierte en integración.

Todas las señales que Chile envía en materia migratoria, incluyendo 
“perdonazos” como el actual- son una invitación para que los 
extranjeros vengan a quedarse.

-En los últimos 12 años la tendencia ha sido regularizar más que 
sancionar. Antes había una política muy sancionatoria. En los últimos 
12 años, especialmente en la Región Metropolitana, se analiza cada 
caso y si es posible se regulariza -explica el ex jefe de extranjería 
metropolitano, Esteban Tumba.

El fiscal de Instituto de Normalización Previsional (INP) y ex fiscal  de la Dirección de Trabajo, Raúl Campusano, conoce en detalle el tema de la migración y concuerda con que las autoridades tienen una mirada favorable a la llegada de extranjeros:

En un plano de intereses, previo a la adopción de definiciones 
legislativas y administrativas, el país tiene la percepción de que 
necesita trabajadores y población. “Nuestra tasa de reemplazo de 
población, de natalidad y crecimiento poblacional, está en el límite”. 
“Estamos adquiriendo una tasa de país desarrollado con unos reportes 
que hablan de entre 1,9 y 2 hijos por mujer. Eso quiere decir que sólo nos mantendremos en términos de población en las próximas décadas, si es que no llega un punto donde incluso bajemos. Si un país tiene la percepción de que tiene territorios por poblar, necesidad de mano de  obra y un tasa de natalidad baja, en general tiene una mirada 
favorable a los inmigrantes. Si Chile evitó una definición dura, no 
puso un candado en la frontera y aceptó 100 mil peruanos ilegales, esa
ya es una definición”.

Tanto para Tumba como para Campusano el problema es que, en paralelo a
 esta política de fronteras permeables, no se han desarrollado 
inversiones ni programas tendientes a absorber las demandas que esa 
masa de inmigrantes le hace al Estado.

-“Precisamente” agrega Campusano- “porque no existe una decisión oficial
  transparente y clara, está incorporación (de los inmigrantes) se hace 
a medias tintas, con cumplimientos parciales de la legislación, por 
debajo de la alfombra. Y entonces aparecen la diferencias de estándar 
(en materia laboral y previsional) en relación a los nacionales”.

Tumba estuvo a la cabeza del tema migratorio en la Región 
Metropolitana hasta fines del 2006 y recuerda que “era normal que 
llegaran quejas sobre atención de salud de los inmigrantes regulares y
también de mujeres irregulares que estaban embarazadas y tenían 
derecho a ser atendidas en consultorios. En Educación se supone que no
puede quedar ningún niño sin matrícula, aunque estén irregulares sus 
padres. Todos estos temas de Salud y Educación, y muchos otros, tienen
que ver con lo que hacen los municipios. Y las políticas públicas en 
materia de Extranjería no consideran mucho a los municipios. Debiera 
haber un trabajo súper coordinado con municipalidades y gobiernos 
regionales y no hay una óptica en ese sentido”.

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