En el Gobierno hay preocupación por lobby en contra de postulación a Consejo de la ONU: Lagos Weber dialoga con entidades de DD.HH. tras veto a Viera-Gallo

El jueves 13 de septiembre llegaron hasta el despacho de la Presidenta Michelle Bachelet, en La Moneda, las principales dirigentas de las agrupaciones de derechos humanos.Junto con coincidir en la condena por la muerte del cabo Cristián Vera en una de las protestas por el aniversario del 11, las líderes de las organizaciones, entre ellas Lorena Pizarro, Mireya García y Viviana Díaz, se quejaron ante la Mandataria por el rol del ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, en la aprobación en el Senado del proyecto de ley que crea el Instituto de Derechos Humanos.

Tal fue la molestia expresada -centrada en que el secretario de Estado para conseguir los votos de la Alianza validó restarle al instituto la capacidad de emprender acciones legales en contra de quien atente contra los derechos fundamentales- que, según se supo, Bachelet terminó aceptando la petición de las dirigentas de despojar a Viera-Gallo de su rol de interlocutor con las entidades y asignar esa misión al ministro secretario general de Gobierno, Ricardo Lagos Weber.

Ya el día anterior a la cita con las dirigentas, tras varios días de ausencia por su gira a Japón y Australia, Bachelet, en el marco de una reunión con el Comité Político, abordó la situación del instituto, expresándole a Viera-Gallo su descontento por los resultados.

Con la determinación ya tomada, Lagos Weber debió retomar las conversaciones con las agrupaciones. De hecho, el viernes último llegaron hasta su oficina en palacio las principales líderes para precisamente conversar sobre la materialización final del proyecto de ley que crea el Instituto de Derechos Humanos, obviamente, con la atribución de iniciar acciones legales.

En la cita, además del ministro portavoz, participaron el subsecretario de la Presidencia, Edgardo Riveros, y la asesora presidencial en derechos humanos, María Luisa Sepúlveda.

Además de continuar el diálogo por el Instituto, la preocupación de palacio por mantener en un buen pie las relaciones con las entidades se relaciona con el lobby que han desplegado las agrupaciones para bajar la postulación de Chile al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, de la cual son fuertemente críticas por considerar que nuestro país primero debe ratificar una serie de convenios internacionales ante de pretender ingresar a esa instancia.

Para graficar su postura, las dirigentas tienen programado un acto de lanzamiento de la campaña en contra de la candidatura de Chile -la cual quedó en muy buen pie después de la presencia de Bachelet y los presidentes de partido en Nueva York, donde Venezuela bajó su opción-, ceremonia que se realizará la próxima semana en el monumento del Presidente Salvador Allende en la Plaza de la Constitución.

Asimismo, y en búsqueda de apoyo, las cabecillas de las organizaciones han intensificado sus contactos con distintas personalidades y parlamentarios para que se sumen al rechazo a la postulación.

Los reproches, déficit y demandas en este ámbito

Una serie de situaciones que, a su juicio, atentan contra las garantías básicas en nuestro país y por lo tanto hacen “impresentable” una posible integración al Consejo de Derechos Humanos de las naciones Unidas, han denunciado las distintas agrupaciones que trabajan en ese campo.

La más recurrente es que en Chile aún está vigente el Decreto Ley de Amnistía de 1978, pese al fallo de la Corte Interamericana de DD.HH. que condena a Chile por el caso del asesinato del profesor Luis Almonacid.

Asimismo, se ha denunciado que nuestro país no ha ratificado en el Parlamento una serie de tratados internacionales que velan por la custodia de los derechos humanos, así como también la adhesión al Tribunal Penal Internacional. También piden la ratificación del tratado que declara la inprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad. En este punto, desde La Moneda se ha planteado que las autoridades tienen la intención de rubricar los tratados y acuerdos, pero responsabilizan a la Alianza de no dar sus votos para hacerlo.

También están los reproches de las organizaciones por la insuficiencia de reparaciones para un número importante de los familiares y víctimas de violaciones a los derechos humanos. Esto pese a que desde el Ejecutivo han impulsado la reapertura de la labor de las comisiones Rettig y Valech para precisamente recalificar casos que no hayan pasado por dichas instancias o que no hayan sido considerados.

Además, se acusa la “desnaturalización” que habría sufrido en el Parlamento el proyecto del Intituto de Derechos Humanos, “la criminalización de la protesta social legítima social” y la “existencia de masivas detenciones por sospecha y allanamientos en las poblaciones”.

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