Un mecanismo para ejercer nuestros derechos

Los derechos humanos no sólo están concebidos para luchar contra la opresión, sino también como principios y orientaciones con capacidad de guiar la acción de los gobiernos.

El derecho internacional de los derechos humanos es, además de un marco jurídico obligatorio y vinculante para los Estados, un marco conceptual que entrega orientaciones y estándares sobre cómo las políticas públicas de un Gobierno deben incorporar el enfoque de derechos, lo que implica integrar, al momento de su implementación, principios como la universalidad de cobertura y no discriminación.

Esto quiere decir que políticas públicas como el Plan AUGE, la reforma previsional o la reforma a la educación no son sino el cumplimiento, por parte del Estado, de la obligación que tiene de satisfacer los derechos humanos de las personas, como los derechos a la seguridad social, a la salud y a la educación.

Este enfoque exige que, transversalmente, se asegure que las personas puedan ejercer derechos como el acceso a la información, la participación ciudadana, a exigir la rendición de cuentas por parte de las autoridades o a la libertad de expresión, entre otros.

Esta mirada supone, en primer lugar, un cambio fundamental en como se ha entendido tradicionalmente la relación entre Estado y ciudadanía. Ya no se trata de que el Estado elabore e implemente políticas para satisfacer necesidades de ciertos sectores de la sociedad; se trata de reconocer que estas personas son sujetos de derechos frente al Estado, y no meros beneficiarios de una política pública. En esta nueva relación, por lo tanto, las personas tienen el derecho a exigir y demandar prestaciones y servicios, y el Estado está obligado a proveerlos.

Cuando las personas son y se saben sujetos de derechos, entonces tienen poder. Poder para involucrarse, reclamar y demandar ante diferentes instancias del Gobierno y la justicia, cuando sientan que sus derechos han sido vulnerados.

Este enfoque ha ido evolucionando y hoy es más preciso, ya que no sólo establece las obligaciones negativas para un Estado es decir, lo que no debe hacer , sino también obligaciones positivas, como lograr que las personas puedan ejercer sus derechos económicos, sociales y culturales a través del diseño e implementación de políticas públicas. Así, los derechos humanos no sólo están concebidos para luchar contra la opresión, sino también como principios y orientaciones con capacidad de guiar la acción de los gobiernos.

De esta forma, hay relación directa entre reconocer un derecho, la obligación de parte del Estado de cumplirlo y la posibilidad de exigirlo ante la justicia. Esto no significa imponer un modelo, pero sí implica que las políticas públicas incorporen un enfoque que signifique establecer mecanismos de mayor participación y rendición de cuentas, entre otros aspectos.

De acuerdo a diagnósticos construidos sobre resultados obtenidos en encuestas de opinión realizadas en varios países de América Latina, la posibilidad de ejercer los derechos sociales le da mayor legitimidad al sistema democrático, lo cual se traduce en mayores niveles de gobernabilidad y estabilidad política. Esto significa que existe una relación virtuosa entre la posibilidad de ejercer derechos sociales, a través del acceso a prestaciones y servicios, y cómo la democracia es valorada por las personas. Cuando la democracia hace una «entrega» hacia la ciudadanía, ésta presenta mayores niveles de legitimidad y aceptación.