OPINIÓN: Instituto Nacional de Derechos Humanos

Chile no puede constituirse en un espacio donde se promueva la impunidad. La verdad y la justicia son las banderas que ante las violaciones de los derechos humanos han enarbolado de modo permanente las organizaciones de la sociedad civil.

El proyecto para la creación del Instituto Nacional de Derechos Humanos no deja de sorprendernos en su estado actual. Comenzado en mayo de 2005, el proceso de esta iniciativa ha registrado una serie de modificaciones que la habían ido perfeccionando y que incluían (aunque de manera muy escueta) la participación de algunos organismos de derechos humanos hasta que llegó a la comisión ad hoc conformada por el ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, y los senadores Alberto Espina (RN) y Andrés Chadwick (UDI) y fue remitida a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la cámara alta.

Los cambios introducidos en el proyecto son gravísimos y le hacen perder la esencia de esta institución, como es, determinar que se encuentre sujeta a la supervigilancia del Ministerio de Justicia, porque ¿cómo se puede garantizar su independencia? Existen además aspectos que han quedado fuera por “olvido u “omisión” y de hecho ellos hacen retroceder del estado actual en que nos encontramos en materia de derechos humanos. ¿Qué sucede con las acciones penales que hay que interponer o se encuentran pendientes por casos de violaciones de los DDHH ocurridos durante el período de la dictadura? En la
actualidad, desempeña un papel importante el Programa de Derechos Humanos del
Ministerio del Interior respecto de las acciones destinadas a determinar el paradero y las circunstancias de la desaparición y muerte de las personas que hasta hoy figuran como detenidas desaparecidas o de ejecutados políticos cuyos restos no han sido ubicados.

Este grupo de víctimas ya resulta reducido (de hecho no considera a quienes se califican como ejecutados políticos, cuyos restos sí han sido ubicados), pero con las modificaciones del actual proyecto del Instituto Nacional de DDHH que reemplazaría en este aspecto al programa del Ministerio del Interior, se quedarían sin defensa, porque la facultad de hacerse parte en estos procesos y de ejercer acciones y presentar querellas respecto de crímenes de genocidio, de lesa humanidad y guerra fueron excluidas.

¿”Olvido” u “omisión”? Chile no puede constituirse en un espacio donde se promueva la impunidad.

La verdad y la justicia son las banderas que ante estas graves violaciones de los derechos humanos han enarbolado de modo permanente las organizaciones de la sociedad civil y que constituyen los pilares básicos de esta construcción de una sociedad que queremos promotora y defensora de estas garantías. Esperamos, entonces, que este “olvido” frente a un pueblo que sí tiene memoria, se repare de manera de seguir con la persecución de las responsabilidades penales de los violadores de los derechos humanos y poder avanzar reconociendo nuestra historia.

* Patricia Albornoz, directora del Departamento de DDHH de la Facultad de Derecho de la U. Central

La Nacion.cl

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