Comisión Defensora Ciudadana: ”Somos atentos espectadores de discusión sobre Instituto de DDHH”

Secretario ejecutivo Sebastián Kraljevich aclaró que Gobierno esperará la promulgación del polémico organismo para recién colocar urgencia a creación de la figura del ombudsman, de manera que ”la institucionalidad sea perfectamente clara y precisa, evitando vacíos y duplicaciones”.

Sebastián Kraljevich, secretario ejecutivo de la Comisión Defensora Ciudadana, entidad que busca ser la antecesora del defensor de las personas en Chile, dijo que ésta es “atenta espectadora” de lo que ocurra con la tramitación legislativa del Instituto de Derechos humanos, pero que la decisión del Ejecutivo es terminar la tramitación de este último para resolver la urgencia del ombudsman.

El Ejecutivo y las cúpulas partidarias de la Concertación se hayan enfrascados en una importante controversia en torno a las facultades legales del Instituto de los Derechos Humanos, porque organizaciones de este ámbito han cuestionado que la entidad quede sin facultades legales para realizar la defensa de los derechos fundamentales. Incluso, piden un veto presidencial para la norma que se tramita en el Congreso.

Esta situación, entre otras razones, se produjo porque tras una larga discusión interna dentro del Ejecutivo, se decidió reponer el trámite legislativo para el ombudsman, pero haciendo que éste retuviera para sí las labores propiamente de defensa de los derechos humanos y dejando en el instituto radicadas facultades referidas a la promoción y prevención de éstos.

Esto fue una forma de despejar un tema que lleva años de intentos de gobiernos concertacionistas para concretar la figura del ombudsman en Chile, institución que existe prácticamente en todos los países del mundo. Sus funciones básicas son representar, autónomamente del Ejecutivo (se propone nombramiento con participación del Congreso), a los ciudadanos frente a las decisiones de los organismos del Estado, pudiendo llegar en ello, hasta las acciones judiciales en casos calificados.

Cuando el Ejecutivo reingresó a trámite legislativo la figura del defensor de las personas, inmediatamente sectores de la Alianza advirtieron que debían evitarse duplicidades de funciones entre éste y el Instituto de Derechos Humanos, separando las labores de defensa de derechos, promoción y prevención. En el instituto, se acordó en principio, quedarían radicadas sólo estas dos ultimas funciones.

En conversación con El Mostrador.cl, Kraljevich prefiere mantener cierta distancia respecto del debate, pero se preocupa de señalar que existe la definición del Ejecutivo en el sentido de esperar primero la tramitación del instituto y después colocar urgencia a la creación del defensor de las personas.

“La decisión presidencial al respecto es esperar la promulgación del Instituto de Derechos Humanos y en ese momento colocar urgencia respecto del defensor de manera que la institucionalidad, en relación al derecho, sea perfectamente clara y precisa, para que no existan vacíos ni duplicaciones”, afirmó.

“Ése es el compromiso de la Presidenta”, refrendó el representante.

Sobre la polémica generada, dijo que “ése es un debate que está alojado en el Parlamento y es legítimo que se dé”.

“Estas son iniciativas que tienen ciertas vinculaciones y en ese sentido la decisión de políticas publicas y en relación al Legislativo, se ha planteado en avanzar en el instituto y una vez promulgado éste, dar la urgencia para la discusión parlamentaria para el defensor”, dijo.

Sobre su opinión respecto que la defensa de los derechos humanos lo tome definitivamente el defensor, el secretario ejecutivo indicó que “ésa es una decisión que no la tomamos nosotros. Hay un debate legislativo, que debe darse por sus canales y el Ejecutivo, por su institucionalidad propia, que va más allá de nuestra entidad, ha tomado ciertas determinaciones”.

“En este momento nosotros somos espectadores atentos de ese debate, como el resto de la población”, comentó.

Juicios contra el Transatiago

Sobre las demandas que particulares han interpuesto por el funcionamiento del Transantiago, Kraljevich dijo que si la figura del ombudsman ya existiera en el país no habría sido quizá necesaria la acción ante los tribunales por parte de estas personas.

El representante destacó que la entidad lleva emitidos ya dos informes de trabajo respecto de esta misma temática que han tenido como insumos los reclamos formales realizados por usuarios por vías como el Transantiago Informa y el Ministerio de Transporte.

“En la medida que existiera una Defensoría de las Personas, como lo propone el proyecto de reforma constitucional en curso, hay una nueva instancia que busca otros medios de solución que no pasan necesariamente, o no en una primera instancia al menos, por la judicialización del conflicto”, comentó el secretario ejecutivo.

“El defensor representaría a los ciudadanos en su reclamo en forma autónoma, antes de llegar al nivel judicial”, argumentó.

La experiencia comparada indica que este tipo de temas de interés masivo generalmente son objeto de un acción muy activa por parte del Defensor Ciudadano, que en otros países, como los desarrollados, tiene un gran peso moral.

“El defensor habría aportado a la solución del problema”, destacó Kraljevich.

Respecto del trabajo ya realizado por la comisión en este tema, el representante dijo que “hemos hecho un esfuerzo por además de los reclamos que le llegan a ella, recurrir las fuentes principales de reclamos, es decir a la OIRS del Ministerio de Transporte y al Transantiago Informa, lo que ha permitido aumentar fuertemente la información existente, relevar la
problemática y proponer cambios de política”.

La comisión emitió hace poco dos informes sobre Transantiago, el primero donde se sistematiza la información en términos de la magnitud de las causas de los reclamos, “lo que permitió aplicar incluso boletas de garantíaas al respecto” y en el segundo, la idea era si los reclamos estaban siendo efectivamente recogidos por las autoridades respectivas.

“Esto demuestra que el reclamo formalizado y estudiado, permite influir en la creación de herramientas para políticas públicas”, refrendó.

Destacó, finalmente, que existe “bastante coherencia” entre lo que muestran las encuestas de opinión pública y los datos sobre reclamos aportados por el sistema. Por Carlos Alvarez

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