Informe 2010 de Amnistía Internacional sobre Chile

Fuente: Amnistía Internacional

EXTRACTO DEL INFORME 2010

REPÚBLICA DE CHILE
Jefa del Estado y del gobierno: Michelle Bachelet
Pena de muerte: abolicionista para los delitos comunes
Población: 17 millones
Esperanza de vida: 78,5 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 10/8 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada: 96,5 por ciento

Siguieron registrándose avances en el procesamiento de responsables de violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado. En el sur, los pueblos indígenas continuaron reivindicando su derecho a la tierra y exigiendo respeto por otros derechos en medio de un clima de creciente tensión. El disfrute de los derechos sexuales y reproductivos siguió encontrando obstáculos.

Información general
En noviembre, el Senado aprobó un proyecto de ley para la creación de un Instituto Nacional de Derechos Humanos regido por normas internacionales y facultado para emprender acciones legales en determinados casos de violación de los derechos humanos.

En mayo se evaluó el historial de Chile sobre derechos humanos en virtud del examen periódico universal de la ONU. Chile aceptó todas las recomendaciones menos las que tenían que ver con la adecuación de la legislación nacional sobre el aborto a las normas internacionales de derechos humanos.

Derechos de los pueblos indígenas
El gobierno anunció una serie de medidas para devolver 33.000 hectáreas de tierras a las comunidades indígenas de la IX Región, situada en el sur del país. Sin embargo, el decreto aprobado en septiembre –el 124– sobre los procedimientos de consulta y participación de los pueblos indígenas en decisiones que podrían afectarles directamente no cumplía las normas internacionales. No se consultaron de manera adecuada ciertas iniciativas destinadas a incorporar el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas a la Constitución y a promulgar nuevas leyes sobre recursos hídricos y terrestres que podrían tener un considerable impacto en el modo de vida de estas comunidades.

Algunos proyectos de desarrollo a gran escala siguieron poniendo en peligro los medios de subsistencia de los pueblos indígenas.

En mayo, en el norte del país, junto a la frontera con Argentina, empezaron las obras para la puesta en marcha de la explotación minera de Pascua Lama, pese a las protestas de las comunidades indígenas locales de etnia diaguita huascoaltino por no haber dado su consentimiento.

Las comunidades indígenas mapuches siguieron reivindicando su derecho a la tierra y otros derechos. Algunos grupos mapuches y simpatizantes suyos llevaron a cabo ocupaciones de tierras y se produjeron enfrentamientos violentos con las fuerzas de seguridad. La Coordinadora Arauco-Malleco, partidaria de crear una nación autónoma mapuche, reivindicó algunas acciones de protesta. En varios casos, la reacción de las autoridades consistió en aplicar leyes antiterroristas y sobre seguridad nacional promulgadas durante el gobierno militar de Augusto Pinochet (1973-1990), incumpliendo así tanto las promesas formuladas anteriormente por el gobierno respecto a no hacer uso de estas leyes como las recomendaciones de diversos organismos internacionales de derechos humanos.

El 12 de agosto, un mapuche de 24 años, Jaime Facundo Mendoza Collío, murió tras ser tiroteado por unos carabineros. Figuraba en el grupo de unas 80 personas que había ocupado una finca en la localidad de Ercilla, región de la Araucanía, como parte de una campaña para exigir la devolución de unas tierras. Durante la operación policial para desalojar a los manifestantes, al menos ocho personas resultaron heridas. Según los informes forenses, a Jaime Facundo Mendoza Collío le dispararon por la espalda.

En octubre, el gobierno negó que el 16 de ese mismo mes las fuerzas de seguridad hubieran herido con perdigones a varios menores de edad en las inmediaciones de una escuela de Temucuicui donde se estaba celebrando una reunión comunitaria.

Derechos sexuales y reproductivos
El aborto siguió estando penalizado. Continuaron existiendo obstáculos para acceder a anticonceptivos de emergencia. En marzo, la Contraloría General emitió un dictamen en el que se prohibía a los consultorios municipales la distribución gratuita de anticonceptivos de emergencia, lo que perjudicaba a las mujeres que no tenían medios para adquirirlos.

Impunidad
Chile ratificó en junio el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y en diciembre la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. En septiembre, el gobierno anunció su intención de proceder a la reapertura de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura y la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Comisiones Valech y Rettig) para que se pudieran notificar casos de tortura y desaparición forzada no comunicados todavía.

En medio de un ambiente de preocupación por la posibilidad de que la reforma del Código de Procedimiento Penal en 2010 retrasara las causas pendientes por violaciones de derechos humanos cometidas durante el gobierno militar de Augusto Pinochet, la Corte Suprema anunció que aceleraría la tramitación de los pertinentes procedimientos judiciales. Según datos oficiales, entre enero y octubre se condenó, juzgó o acusó formalmente a 69 ex agentes de las fuerzas de seguridad por violaciones de derechos humanos. A finales de octubre, sin embargo, sólo se habían impuesto sentencias condenatorias ejecutoriadas en 179 de las 3.186 causas emprendidas a este respecto.

En septiembre se formularon cargos contra más de 165 ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por su implicación en la tortura y desaparición forzada de activistas políticos.

En septiembre, la Corte Suprema dictaminó que las torturas perpetradas en la Academia de Guerra Aérea entre septiembre de 1973 y enero de 1975 constituían crímenes de lesa humanidad. Sólo dos personas, los coroneles retirados Edgar Cevallos Jones y Ramón Cáceres Jorquera, fueron condenados por estos delitos.

En noviembre empezó en Italia el juicio contra el ex fiscal militar Alfonso Podlech por la desaparición forzada de cuatro personas en la década de 1970. Al finalizar el año no había concluido todavía.

En diciembre, un juez ordenó la detención de seis personas después de que las nuevas investigaciones emprendidas sobre la muerte en 1982 del ex presidente Eduardo Frei Montalva revelaran que había muerto por envenenamiento, y no por infección, como se creía en un principio. Posteriormente, la Corte Suprema rechazó los recursos de amparo presentados por los acusados. Los abogados de la familia de Eduardo Frei afirmaron que éste había sido asesinado por su oposición al gobierno de Augusto Pinochet.

EXTRACTO DEL INFORME 2010
CHILE
REPÚBLICA DE CHILE
Jefa del Estado y del gobierno: Michelle Bachelet
Pena de muerte: abolicionista para los delitos comunes
Población: 17 millones
Esperanza de vida: 78,5 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 10/8 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada: 96,5 por ciento
Siguieron registrándose avances en el procesamiento de responsables de violaciones de
derechos humanos cometidas en el pasado. En el sur, los pueblos indígenas continuaron
reivindicando su derecho a la tierra y exigiendo respeto por otros derechos en medio de un
clima de creciente tensión. El disfrute de los derechos sexuales y reproductivos siguió
encontrando obstáculos.
Información general
En noviembre, el Senado aprobó un proyecto de ley para la creación de un Instituto Nacional
de Derechos Humanos regido por normas internacionales y facultado para emprender acciones
legales en determinados casos de violación de los derechos humanos.
En mayo se evaluó el historial de Chile sobre derechos humanos en virtud del examen periódico
universal de la ONU. Chile aceptó todas las recomendaciones menos las que tenían que ver
con la adecuación de la legislación nacional sobre el aborto a las normas internacionales de
derechos humanos.
Derechos de los pueblos indígenas
El gobierno anunció una serie de medidas para devolver 33.000 hectáreas de tierras a las
comunidades indígenas de la IX Región, situada en el sur del país. Sin embargo, el decreto
aprobado en septiembre –el 124– sobre los procedimientos de consulta y participación de los
pueblos indígenas en decisiones que podrían afectarles directamente no cumplía las normas
internacionales. No se consultaron de manera adecuada ciertas iniciativas destinadas a
incorporar el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas a la Constitución y a
promulgar nuevas leyes sobre recursos hídricos y terrestres que podrían tener un considerable
impacto en el modo de vida de estas comunidades.
Algunos proyectos de desarrollo a gran escala siguieron poniendo en peligro los medios de
subsistencia de los pueblos indígenas.
En mayo, en el norte del país, junto a la frontera con Argentina, empezaron las obras para la
puesta en marcha de la explotación minera de Pascua Lama, pese a las protestas de las
comunidades indígenas locales de etnia diaguita huascoaltino por no haber dado su
consentimiento.
Las comunidades indígenas mapuches siguieron reivindicando su derecho a la tierra y otros
derechos. Algunos grupos mapuches y simpatizantes suyos llevaron a cabo ocupaciones de
tierras y se produjeron enfrentamientos violentos con las fuerzas de seguridad. La Coordinadora
Arauco-Malleco, partidaria de crear una nación autónoma mapuche, reivindicó algunas
acciones de protesta. En varios casos, la reacción de las autoridades consistió en aplicar leyes
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antiterroristas y sobre seguridad nacional promulgadas durante el gobierno militar de Augusto
Pinochet (1973-1990), incumpliendo así tanto las promesas formuladas anteriormente por el
gobierno respecto a no hacer uso de estas leyes como las recomendaciones de diversos
organismos internacionales de derechos humanos.
El 12 de agosto, un mapuche de 24 años, Jaime Facundo Mendoza Collío, murió tras ser
tiroteado por unos carabineros. Figuraba en el grupo de unas 80 personas que había ocupado
una finca en la localidad de Ercilla, región de la Araucanía, como parte de una campaña para
exigir la devolución de unas tierras. Durante la operación policial para desalojar a los
manifestantes, al menos ocho personas resultaron heridas. Según los informes forenses, a
Jaime Facundo Mendoza Collío le dispararon por la espalda.
En octubre, el gobierno negó que el 16 de ese mismo mes las fuerzas de seguridad hubieran
herido con perdigones a varios menores de edad en las inmediaciones de una escuela de
Temucuicui donde se estaba celebrando una reunión comunitaria.
Derechos sexuales y reproductivos
El aborto siguió estando penalizado. Continuaron existiendo obstáculos para acceder a
anticonceptivos de emergencia. En marzo, la Contraloría General emitió un dictamen en el que
se prohibía a los consultorios municipales la distribución gratuita de anticonceptivos de
emergencia, lo que perjudicaba a las mujeres que no tenían medios para adquirirlos.
Impunidad
Chile ratificó en junio el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y en diciembre la
Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones
Forzadas. En septiembre, el gobierno anunció su intención de proceder a la reapertura de la
Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura y la Comisión Nacional de Verdad y
Reconciliación (Comisiones Valech y Rettig) para que se pudieran notificar casos de tortura y
desaparición forzada no comunicados todavía.
En medio de un ambiente de preocupación por la posibilidad de que la reforma del Código de
Procedimiento Penal en 2010 retrasara las causas pendientes por violaciones de derechos
humanos cometidas durante el gobierno militar de Augusto Pinochet, la Corte Suprema
anunció que aceleraría la tramitación de los pertinentes procedimientos judiciales. Según datos
oficiales, entre enero y octubre se condenó, juzgó o acusó formalmente a 69 ex agentes de las
fuerzas de seguridad por violaciones de derechos humanos. A finales de octubre, sin embargo,
sólo se habían impuesto sentencias condenatorias ejecutoriadas en 179 de las 3.186 causas
emprendidas a este respecto.
En septiembre se formularon cargos contra más de 165 ex agentes de la Dirección de
Inteligencia Nacional (DINA) por su implicación en la tortura y desaparición forzada de
activistas políticos.
En septiembre, la Corte Suprema dictaminó que las torturas perpetradas en la Academia de
Guerra Aérea entre septiembre de 1973 y enero de 1975 constituían crímenes de lesa
humanidad. Sólo dos personas, los coroneles retirados Edgar Cevallos Jones y Ramón Cáceres
Jorquera, fueron condenados por estos delitos.
En noviembre empezó en Italia el juicio contra el ex fiscal militar Alfonso Podlech por la
desaparición forzada de cuatro personas en la década de 1970. Al finalizar el año no había
concluido todavía.
En diciembre, un juez ordenó la detención de seis personas después de que las nuevas
investigaciones emprendidas sobre la muerte en 1982 del ex presidente Eduardo Frei Montalva
revelaran que había muerto por envenenamiento, y no por infección, como se creía en un
principio. Posteriormente, la Corte Suprema rechazó los recursos de amparo presentados por
los acusados. Los abogados de la familia de Eduardo Frei afirmaron que éste había sido
asesinado por su oposición al gobierno de Augusto Pinochet.

El gobierno y la delincuencia

¿Cómo es posible que el Estado se ponga al servicio de la delincuencia y desproteja a quienes diariamente son objeto de los más infames delitos? [...] Lo que hace la administración estatal es costear el funcionamiento de la justicia, que incluye tanto a los tribunales que juzgan a los “delincuentes” como a los fiscales que los investigan, y no solamente a los abogados que los defienden.
Por: Eduardo Díaz Saavedra

Tal como hace veinte años, cuando Chile retornó a la democracia, el discurso presidencial del pasado 21 de mayo mantuvo expectantes a todos los sectores políticos de la ciudadanía, desde la derecha más extrema del oficialismo hasta la izquierda más radical de la oposición.

Y no porque estemos en presencia de un cambio de régimen político (no al menos desde una óptica formal), sino porque desde 1964 que no se presentaba ante el Congreso pleno un Presidente de derecha elegido democráticamente.

Entre todos los anuncios que el gobierno hizo en materia de acceso a la educación, mejoramiento de las condiciones de salud, reformas políticas democráticas, reconstrucción tras el terremoto, indemnidad del matrimonio a cambio de un bono, etc., un tema que me llamó particularmente la atención fue el de la “batalla contra la delincuencia”. Aquí, junto con proclamar un incremento de la dotación policial en diez mil carabineros y mil detectives, sumado al registro nacional de condenados, anunció también la creación de una “defensoría” para las víctimas de delitos, vale decir, un organismo estatal encargado de nombrarle a éstas un abogado querellante que represente sus intereses.

Claro, si el Estado, a través de una Defensoría Penal Pública, les designa un abogado defensor a aquellos “delincuentes” que no disponen de capital suficiente para contratar a uno de su confianza, no es posible que las víctimas de escasos recursos permanezcan indefensas. ¿Cómo es posible que el Estado se ponga al servicio de la delincuencia y desproteja a quienes diariamente son objeto de los más infames delitos?
Sin embargo, tal como lo señala Carlos Peña en su columna dominical de “El Mercurio”, es un error sostener que el Estado se pone del lado de la delincuencia por el hecho de financiar la defensa de los imputados. Lo que hace la administración estatal es costear el funcionamiento de la justicia, que incluye tanto a los tribunales que juzgan a los “delincuentes” como a los fiscales que los investigan, y no solamente a los abogados que los defienden.

Porque una de las garantías básicas del Estado democrático constitucional es, precisamente, el derecho a un juicio justo, que consiste no sólo en garantizar el derecho a ser juzgado por un juez natural, independiente e imparcial dentro de un marco de reglas transparentes, sino también el derecho a una defensa jurídica. Garantía que la Constitución y las leyes, tanto nacionales como internacionales, reconocen a toda persona que pueda ser encausada como partícipe de un delito, y no sólo a quien efectivamente lo cometió.

En este sentido, el derecho a la defensa en un proceso penal es una garantía del ciudadano frente al Estado, que por tener el monopolio de la fuerza socialmente organizada, tiene la facultad exclusiva de aplicar sanciones. Por lo tanto, como bien dice Peña, lo que hace el poder estatal es simplemente legitimar el castigo y ponerse del lado de la ley.

Sostener que el financiamiento estatal para la defensa legal de los imputados es poner al Estado al servicio de los “delincuentes”, significa no entender, e incluso desdeñar, una garantía que asiste a todos los ciudadanos en una sociedad democrática y que nació en el seno de la misma tradición política liberal con que este gobierno declara sentirse identificado. Cuestión que nos muestra que para el conservadurismo democrático pro capitalista (malamente llamado “neoliberalismo”), la democracia y los derechos fundamentales no son más que un corolario de los derechos de propiedad y de libre empresa que conforman el eje central de su ideología reduccionista.

Eduardo Saavedra Díaz es abogado y alumno de magister en Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la Universidad de Talca. Dimplomado en Reforma Procesal Penal en la Pontificia Universidad Católica de Chile.

AI presenta su Informe 2010 en todo el mundo

AI presenta su Informe 2010 en todo el mundo: El Estado de los Derechos Humanos en el mundo

En Chile, el Informe 2010 se presenta en un acto público el 27 Mayo, a las 19.00 en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, Quinta Normal.

Este año el informe se enfoca en la pobreza como una de las principales violaciones de Derechos Humanos y acompaña el comienzo de la campaña global ((( Exige Dignidad ))) que AI desarrollará en todo el mundo durante 6 años para enfrentarse a éste flagelo. El Informe 2010 de Amnistía Internacional está dedicado a las mujeres y los hombres que con valentía siguen arriesgando su vida en defensa de los derechos humanos. A diario, los defensores y defensoras de los derechos humanos ponen contra las cuerdas a los poderosos, sacan a la luz la verdad y dan voz a quienes no la tienen.

En el Informe 2010 de Amnistía Internacional se documenta la situación de los derechos humanos en 150 países. El Informe muestra un mundo dividido por la desigualdad, marcado por la discriminación y desfigurado por la represión política.

En todas las regiones del mundo se violan los derechos con total impunidad. Se mata y tortura a personas por sus creencias, mueren mujeres por carecer de asistencia médica básica al dar a luz, comunidades enteras se ven privadas de su hogar de forma intencionada a manos de gobiernos despiadados que buscan así poder explotar sus tierras.

Este informe muestra por qué, para que se materialice la visión de la Declaración Universal de Derechos Humanos de un mundo liberado “del temor y de la miseria”, no hay más que un camino: trabajar para garantizar que la indivisibilidad de los derechos consagrados en la Declaración son una realidad auténtica para todas las personas.

Hablarán: el sociólogo Manuel Guerrero, la consultora de redes sociales Paloma Baytelman y el presidente de AI Chile, el abogado Hernán Vergara.

Conducirá el acto Amaro Gómez-Pablos

Museo de la Memoria y los Derechos Humanos

Matucana 501- Quinta Normal

Oscar Izurieta declarará como testigo por el homicidio de Víctor Jara

Fuente: Cooperativa.cl

El ex comandante en jefe del Ejército prestará declaración al ministro Juan Eduardo Fuentes.
También será citado el ex agente de la DINA Miguel Krasnoff.

ImagenLa Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó al ministro en visita, Juan Eduardo Fuentes, en el caso por el homicidio del cantautor Víctor Jara, que cite a declarar como testigos al ex comandante en jefe del Ejército, Oscar Izurieta Ferrer y al ex agente de la DINA, Miguel Krassnoff.

Los ministros de esta sala del tribunal de alzada capitalino tomaron la decisión tras las apelaciones a distintas diligencias que había exigido el programa de derechos humanos del Ministerio del Interior que es querellante en esta causa.

La citación busca “saber si tiene algún antecedente respecto a los hechos que se están investigando”, resaltó el presidente de la Cuarta Sala, Patricio Villarroel.

“Es importante que declare y si tiene algún antecedente que lo aporte. Si no los tiene, no dirá nada”, concluyó.

El juez Fuentes interrogará en su domicilio a Izurieta y en el penal Cordillera en el caso de Krasnoff, que ya cumple condenas por casos de violación a los derechos humanos.

1º Encuentro Ciudadano Ñuñoa-Providencia

Encuentro de  Juntas de Vecinos, Organizaciones Sociales, vecinas y vecinos de Providencia y Ñuñoa.
29-30 mayo 2010
Por un territorio que nos identifique:
Más verde, participativo, activo, solidario, sustentable y nuestro
¿Qué nos enseñó el terremoto?

Programación y ficha de inscripción:

Con el apoyo del Centro Cultural de España, la Asociación Chilena de Zonas y Barrios Patrimoniales, la Agrupación de Asociaciones de Ñunoa y la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Providencia, numerosas personas y agrupaciones de Ñuñoa y Providencia se han unido y organizado para convocar a todos los vecinos interesados, a las instituciones y organizaciones ciudadanas que dan vida a este territorio, a participar de un proceso de reflexión colectiva sobre cómo nos gustaría que fuera nuestro distrito.
Para ello queremos invitarte al 1º Encuentro Ciudadano Ñuñoa-Providencia, a realizarse el último fin de semana de mayo.

Declaracion pública del directorio nacional de la asociacion nacional de funcionarios del consejo nacional de la cultura, ANFUCULTURA

Fuente: ANFUCULTURA

ANFUCULTURA denuncia que el Ministro de Cultura, Luciano Cruz Coke, ha iniciado una nueva ola de despidos en el Consejo de la Cultura, insistiendo en contrariar lo comprometido por el Presidente de la República en cuanto a respetar la función pública  y a los y las funcionarias de carrera con funciones permanentes y bien calificadas.

Los despidos, ordenados por Cruz Coke, revisten las características de persecución política, pues en opinión de la nueva administración existe la exigencia, declarada,  que pueden permanecer en sus cargos sólo quienes tienen sus mismo pensamiento ideológico. Los que están “en sintonía”  con la nueva administración, se ha dicho.

Esto claramente es un atentado a los Derechos Humanos, así lo expresa la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra Índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”.

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En cana por un lápiz

Fuente: El Mostrador, por CLAUDIA URQUIETA CH.
Joven se querellará contra supermercado Jumbo

Luego de cuatro años como reponedor de la tienda de retail de Cencosud, el estudiante de periodismo Pablo Moreira fue acusado de robarse un lápiz. Por ello, fue detenido, pasó la noche en un calabozo y terminó al otro día en el Centro de Justicia. Perdió su trabajo y quedó sin derecho a reclamar sus años de servicio. Pero no piensa quedarse de brazos cruzados. Esta es su delirante historia.
¡Moreira Vega! ¡salga! -gritó un gendarme frente a la celda 8-A de la  zona de tránsito  junto a la ex Penitenciaría de Santiago.

Un joven de casi dos metros, muy delgado y vestido con el uniforme del supermercado Jumbo, salió de entre un apretado grupo de reos y formó fila con otros detenidos. Eran alrededor de las 9 de la mañana del jueves 6 de mayo.

Luego de unos minutos de espera, pasaron por el “túnel” rumbo al Centro de Justicia, conocido como el “mall del crimen”, donde el estudiante de periodismo de la Universidad Arcis se encontró con uno de los dos compañeros de trabajo con quienes había compartido una angustiosa noche en un calabozo de Peñalolén.

Ahora debían presentarse ante el juez. La acusación de la fiscal de turno, según relata el joven de 27 años, provocó sonrisas y sorpresa en el tribunal: “Señor Pablo Moreira, se le acusa de haber robado un lápiz del Jumbo de Peñalolén”.

EL “ROBO DEL SIGLO”

Doce horas antes, Pablo y Jonathan Boss  se apuraban en terminar de ordenar los pasillos, reponer la mercadería y limpiar las góndolas de la sección abarrotes/botillería del supermercado Jumbo de Peñalolén, ya que ese día tocaba fumigación.

La tarea no era nueva  para Pablo, que hace cuatro años trabajaba como  reponedor interno part-time de la tienda de retail de Cencosud. Con esto costeaba parte de sus estudios universitarios.
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El posnatal de seis meses: Lo que está en juego

Fuente: The Clinic

Por Teresa Valdés E. (Socióloga, Investigadora del Centro de Estudios para el Desarrollo de la Mujer, coordinadora del Observatorio de Género y Equidad www.observatoriogeneroyequidad.cl)

La legislación es uno de los mecanismos democráticos fundamentales para construir un orden social. Toda ley tiene un sentido político que busca responder al interés público y en su definición interviene una diversidad de actores que dan cuenta del balance de poder en la sociedad.

La agenda de la Concertación incluyó cambiar la situación de subordinación, discriminación, marginación y exclusión histórica de las mujeres. Ello se concretó en una institucionalidad (como el SERNAM) y en las políticas para la igualdad como los Planes de Igualdad de Oportunidades, entre otros. Para favorecer la autonomía económica de las mujeres promulgaron leyes antidiscriminatorias y desarrollaron políticas y programas, como la red de jardines infantiles y la ley contra la discriminación salarial, conscientes de que la maternidad es uno de los factores de mayor discriminación en el mercado laboral.

El impacto de estas políticas es evidente: la participación económica de las mujeres mayores de 18 años, según la Encuesta Voz de Mujer, alcanza hoy día al 60,6%, con enormes variaciones entre las de mayores ingresos (72%) frente a las de menores ingresos (45%). El 68% está afiliado a algún sistema previsional, pero sólo el 21% en el decil más pobre. Continue reading

Chile prorroga respuesta a Comisión Interamericana de DD.HH por caso Atala

Fuente: Terra.cl

El gobierno, como representante del Estado de Chile debe enviar una serie de propuestas para reparar los perjuicios causados a la jueza a raíz de un fallo judicial que en 2004 le quitó la tuición de sus hijas argumentando su condición sexual.

Por Andrés Varas R.

SANTIAGO, mayo 16.- El martes vence el plazo dado al Estado de Chile por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dependiente de la OEA, para responder las recomendaciones hechas para reparar el daño causado a la jueza Karen Atala -y a sus hijas- por la discriminación que sufrió por un fallo de la Corte Suprema que le quitó la tuición de las tres menores amparado en su orientación sexual.

La denuncia interpuesta por la magistrado en noviembre de 2004 fue avalada por la CIDH en abril pasado, causando la preocupación de La Moneda, puesto que el único caso en Latinoamérica que llega a esta instancia, por lo que su resolución sentaría un precedente en este ámbito.

Sin embargo, para extender el plazo de respuesta, el gobierno solicitó una prórroga de dos meses, por lo que recién a fines de junio se haría llegar una propuesta preliminar a la CIDH y la definitiva debería estar definida durante agosto. Continue reading

Directorio Nacional de ANFUCULTURA denuncia violación al derecho humano al trabajo

Fuente: Anfucultura

El Directorio Nacional de ANFUCULTURA, en la Comisión de Trabajo, de izquierda a derecha, Rodrigo Dell’Aquila, Carolina Negrete y Marianela Riquelme El Directorio Nacional de ANFUCULTURA, el día de ayer martes 11 de mayo concurrió a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados a objeto de poner en conocimiento de esta, la situación de precariedad laboral e inestabilidad en el empleo que afecta a los y las funcionarias del Consejo de la Cultura y del Estado en general.

Poniendo como ejemplo la situación que afecta a 7 trabajadoras y trabajadores despedidos arbitraria e injustificadamente por el Ministro de Cultura Luciano Cruz-Coke, quien no sólo no ha cumplido la palabra empeñada por el Pdte. de la República en cuanto a que no se perseguiría a los funcionarios públicos de carrera sino que ha desconocido los acuerdos alcanzados con la ANEF y la Asociación de Funcionarios y se ha negado a establecer un diálogo constructivo, ni siquiera respondiendo las cartas que para estos efectos se le han enviado. Continue reading

Documentalista suma apoyos frente a denuncia por agresión de alcalde de Ñuñoa

El vocero de la “Asamblea de Vecinos de la Villa Olímpica”, Jaime Díaz Lavanchy, sigue sumando apoyos ante la denuncia que presentó por la agresión de un guardia de seguridad del alcalde de Ñuñoa, Pedro Sabat, después de un Consejo Municipal realizado el miércoles 5 de mayo.

Al finalizar el encuentro, cuyo fin era buscar soluciones a las viviendas afectadas de la comuna, el documentalista hizo una pregunta incómoda al alcalde, quien molesto se le fue encima bajo amenazas de golpes, combos y patadas, las que luego recibió por parte del guardia, quien también rompió su cámara y material de trabajo.

Ante esta agresión la Directora del Instituto de Comunicación e Imagen (ICEI) de la Universidad de Chile y Premio Nacional de Periodismo 2007, Faride Zerán, comprometió su apoyo y destacó la importancia de informar estos episodios. Continue reading

Movilh lanza inédita campaña: gigantografías sobre minorías sexuales en calles simbólicas y buses

Fuente: MOVILH

Desde hoy millones de santiaguinos/as pueden ver la apuesta comunicacional más directa y clara sobre los derechos humanos de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales desarrollada en Chile.

Con el auspicio de la Embajada de los Reinos de los Países Bajos, el Movimiento de Integración  y Liberación Homosexual (Movilh) lanzó hoy una inédita campaña comunicacional para promover los derechos humanos de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales.

La campaña, la primera de su tipo realizada en Chile y la más ambiciosa desarrollada por el movimiento de la diversidad sexual, contempla la instalación de gigantografías en 40 buses del Transantiago y en dos zonas simbólicas de la Gran Capital, Paseo Ahumada con Alameda y Plaza Italia.

Una pareja lésbica, una gay y dos heterosexuales, una joven esperando un bebé y una de adulto mayores, son las imágenes centrales de las piezas comunicacionales  que apelan en los mensajes principales a la sensibilidad ciudadana y que tiene como contenidos específicos la ley contra la discriminación, la igualdad legal para todas parejas y el Bicentenario de Chile.

En la imagen de Plaza de Italia, figura una pareja de lesbianas besándose bajo la frase “Si te molesta el amor, hazte ver. La homofobia y transfobia son violencia. Igualdad legal para todas las parejas”. Continue reading

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