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Juanita Ibarra Dumont, la víctima número 42, se preparaba para celebrar el cumpleaños número siete de sus mellizas en la casa de sus tíos, donde se refugiaba desde hace un mes, cuando huyó de la casa que compartía con su victimario. El tribunal de garantía le había prohibido a éste acercarse a Juanita, luego de denuncias de reiterada violencia física y amenazas de parte de quien era su pareja y papá de sus hijos. Pero éste apareció el día de la fiesta, llevó la torta para el cumpleaños y Juanita lo dejó entrar, pensando en que no podía privarles a sus hijas del afecto de su padre.
El victimario provocó una discusión y le disparó a Juanita. La mató y luego se suicidó. Allí, en la casa de la fiesta, con los niños presentes en el lugar -las mellizas y el niño mayor, de nueve años-, todos oyeron la discusión, los disparos, y ahora son inocentes víctimas de las terribles consecuencias.
¿Cómo entender algo así? ¿Qué pasa por la cabeza de alguien que es capaz de cometer semejante crimen? ¿Cómo nuestra sociedad puede aceptarlo sólo como una noticia más de la crónica policial?
Ninguna crónica, hasta ahora, se ha referido a los efectos lapidarios para los hijos del victimario y de su víctima -que son sus propios padres-. Ellos no son considerados como las víctimas más perjudicadas y absolutamente inocentes. Ellos pasan a ser lo que se ha llamado “víctimas colaterales”, víctimas de quien, más que nadie, debía protegerlos. Según datos de la Unicef, 45% de las mujeres asesinadas por sus maridos o parejas tenía hijos menores de ocho años, los que luego de sufrir estos tremendos actos de violencia quedan en el más absoluto desamparo. Como sociedad, no nos hemos hecho cargo de ellos. Tenemos una enorme tarea pendiente, lo que resulta inaceptable. En general, cuando pensamos en las víctimas de la violencia intrafamiliar, sólo pensamos en las mujeres. Pese a que esta horrible violencia fatal se sigue repitiendo, para ellas, afortunadamente sí tenemos políticas de protección, aunque, como se ve, no son suficientes. El Estado en alguna medida se ha hecho cargo de esta brutal realidad, reconociéndolo como un problema social al que hay que dedicar esfuerzos e invertir recursos financieros.
Pero para los niños tenemos muy poco. Lo que hacemos es procurar que familiares cercanos se hagan cargo. Esto es casi nada. Alguna vez, y con mucho trabajo, se ha logrado alguna pensión asistencial. Está claro que nuestra respuesta no puede seguir siendo ésta. No podemos permanecer impávidos ante su desamparo. Hay que hacerse cargo, pero ya. Ellos son niños chilenos, son nuestros hijos indefensos de la sociedad en la que la protección social, y sobre todo de los niños, ha sido el emblema de estos últimos años.
Hemos cambiado, para bien, la calidad de vida de muchas familias con nuestras políticas, pero aún no nos hacemos cargo de los niños inocentes víctimas de la violencia intrafamiliar, los que deben considerarse de forma prioritaria en políticas públicas, leyes, pero, sobre todo, en la intimidad de cada familia. Hagámoslo ahora. No permitamos que los hijos de Juanita Ibarra Dumont queden a la deriva. Movámonos rápido, sin pérdida de tiempo. Cumplamos nuestro deber como sociedad de hacernos cargo de todos los hijos de Chile, pues, después de este nuevo horroroso femicidio, todos somos los padres de los hijos de Juanita Ibarra Dumont.
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