PARA SER OBJETOR DE CONCIENCIA. ¿CÓMO OBJETAR?

Fuente: www.roc-chile.cl 

En muchísimos de los Países donde todavía existe el Servicio Militar Obligatorio, la Ley prevé la Objeción de Conciencia y delinea las formalidades que hay que cumplir para declararse Objetores. En Chile se empezó hace más de una década a discutir sobre la oportunidad de licenciar una Ley que garantice a la ciudadanía el Derecho a la Objeción de Conciencia. Sin embargo, todavía no se ha legislado sobre esta temática, así que los conscriptos y la ciudadanía en general no pueden aprovechar de esta oportunidad en el marco legal del derecho interno. No obstante, desde hace una década jóvenes chilenos se declaran Objetores de Conciencia, así que se han tipificado las formas en las cuales expresar esta declaración. Las mismas formas van modificándose para mejor responder al nuevo sistema de reclutamiento, así como perfilado en la Ley de Modernización del SMO. La Declaración de Objeción no garantiza que el Objetor no sea sujeto a las sanciones previstas por la ley. Sin embargo, en Chile no hay casos de Objetores encarcelados.

La Objeción corresponde en primer lugar a los jóvenes en edad para ser llamados a cumplir el SMO. Pese a esto, también pueden objetar todas las personas, de cualquier sexo y edad, que deseen manifestar su rechazo al SMO.

Si deseas declararte Objetor(a):

1. ACÉRCATE A ALGUNA DE LAS ORGANIZACIONES MIEMBROS DE LA ROC. Allí te informarán de las reuniones de objetores y de las exigencias de formación y los procedimientos legales que se requiere conocer. Para pedir informaciones puedes escribir a rocchile@gmail.com.

2. LA OBJECIÓN TIENE QUE SER UN ACTO PÚBLICO Y ABIERTO ante las autoridades del Estado. Para eso la ROC coordina cada año una fecha de presentación colectiva de quienes deseen objetar en conciencia. Con esta finalidad se elabora una Declaración de Objeción de Conciencia: este es un documento que atestigua por escrito las razones de conciencia y las bases de derecho en las que se ampara la Objeción. La Declaración de Objeción de Conciencia va dirigida al Presidente de la República, al Ministerio de Defensa y a la Dirección General de Movilización, y se entrega en un acto público en La Moneda, o en otros edificios públicos del país. Con la creación de la Comisión Nacional de Reclutamiento y de las Comisiones Especiales de Acreditación, previstas en la Ley 20.045 de 2005, otros organismos van a ser receptores de las Declaraciones de Objeción.

3. DESPUÉS DE DECLARARTE OBJETOR/A debes seguir en contacto con los otros objetores, con los abogados y las instituciones de la ROC. Dependiendo de cada caso es necesario evaluar si se hace necesario implementar otros pasos legales. Esto puede llegar a incluir la presentación de Recursos de Protección a favor de los Objetores.

Reforma previsional: Solución fiscal para las pensiones más bajas. Las demás siguen a merced de las AFP y los mercados financieros.

Fuente:  Por Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, descargado desde www.elquintoinfierno.cl

La Presidenta de la República, Michelle Bachelet, ha firmado el 11 de marzo de 2008 el decreto que promulga la Ley Nº 20.255 que reforma el sistema previsional chileno. Mediante la misma el Estado, extiende hacia el futuro la responsabilidad de ofrecer de su cargo jubilaciones a la gran mayoría de los adultos mayores, quienes hoy se ven amenazados de quedar al margen de las pensiones AFP. Sin embargo, los beneficios ofrecidos son inferiores a los que se pueden otorgar aún manteniendo el nivel de gasto fiscal actual…

En la práctica aumentan la edad de jubilación de las mujeres de menos recursos. Se postergan o niegan injustamente a muchas personas que los necesitan, manteniéndose para todos la indignidad de tener que demostrar pobreza para acceder a una pensión muy modesta. Más grave, no se toca a las AFP y ni siquiera de crea una del Estado. Por el contrario, se eliminan las pocas restricciones que van quedando respecto de sus inversiones, las cuales pueden ahora sacar casi íntegras al extranjero. Los sectores medios continúan a merced de los abusos de las AFP y sus compañías de seguros relacionadas. Estas continuarán embolsándose uno de cada tres pesos cotizados, mientras el resto va a parar a manos de los grandes conglomerados financieros. Las pensiones que ofrecen siguen sometidas a la incertidumbre de las turbulencias financieras internacionales. Sus montos son muy inferiores a las del antiguo sistema público, situación que se agrava severamente en el caso de las mujeres. La reforma aprobada significa reconocer el fracaso del sistema de AFP para la mayoría de la población, e implementar parcialmente una propuesta que originalmente fue sugerida por CENDA. En la lucha por terminar los abusos del sistema creado por la dictadura de Pinochet ha terminado el primer tiempo. Se inicia el segundo, al cabo del cual se deberá asegurar a todos los adultos mayores, mujeres en su mayor parte, pensiones definidas que les permitan disfrutar con dignidad lo que les resta de vida.

Se establece una Pensión Básica Solidaria (PBS) que queda inicialmente en $60.000, los que serán entregados a partir de junio de 2008. El techo para el Aporte Previsional Solidario (APS) a quienes hayan realizado cotizaciones queda en $255.000. Este beneficio comenzará a entregarse en junio de 2009 a quienes tengan pensiones de hasta $70.000 y aumentará gradualmente año a año para en 2010 cubrir pensiones de hasta $120.000; en 2011, de hasta $150.00; en 2012 de hasta $200.000 y en adelante, de hasta $255.000. El calendario de implementación de la cobertura socioeconómica para acceder al Sistema de Pensiones Solidarias queda como sigue: a junio de 2009 se cubrirá al 40% de la población más pobre, en 2010, al 45%; en 2011, al 50%; en 2012, al 55%; y de 2012 en adelante al 60%.
Esta reforma es significativa, puesto que beneficiará a millones de personas, la amplia mayoría de los chilenos, en cuyas familias hay adultos mayores a quienes el sistema de AFP dejaba de lado y ahora recibirán estos beneficios. Con legítimo orgullo, CENDA recuerda que fue una de voces las pioneras tanto la denuncia de esta situación como la propuesta de resolverla mediante una pensión pública universal. Con este aval, deja constancia en lo que sigue de las limitaciones de la solución adoptada. Las mismas constituyen, por así decirlo, una suerte de programa para una segunda fase de esta reforma que corresponde iniciar sin demora.

1. Los beneficios otorgados son inferiores a los que son posibles manteniendo el actual nivel de gasto público. El debate a menudo deja de considerar que desde 1981 el Estado paga pensiones directamente a tres de cada cuatro adultos mayores y a nueve de cada diez mayores de 70 años, y adicionalmente subsidia dos tercios del monto de las pensiones pagadas por las AFP. Ello le significa alrededor del 40% del presupuesto social y 28% del presupuesto total. Una investigación realizada por CENDA y el INP (CENDA-INP 2005) demostró que manteniendo el nivel actual de gasto fiscal destinado a pensiones como proporción del PIB, es posible otorgar pensiones públicas no contributivas a un 85% de los adultos mayores, por un monto mínimo de $100,000 al mes, que sube a $170,000 el 2025 y a $250.000 el 2045. En otras palabras, Hacienda está ahorrando plata con esta reforma. No tiene porque preocuparse la Exma. Señora Presidenta de caer en el populismo. Los montos y cobertura pueden ser aumentados significativamente sin poner en riesgo la solvencia de la misma.
2. En la práctica se está aumentando la edad de jubilación de las mujeres a los 65 años, puesto que se les exige esa edad para acceder a la PBS y el APS. Hay que insistir que no es por falta de recursos que Hacienda se opuso terminantemente a respetar el derecho de las mujeres a jubilar a los 60 años. Decenas de miles de jubiladas del INP lo ejercen hoy en día. La proyección citada en el punto anterior demuestra a factibilidad fiscal de mantener este derecho. ¿Porqué entonces esta insistencia en elevar la edad a 65 años? En realidad lo que esta detrás es la propuesta de la comisión de Marcel de subir la edad de jubilación de todas las mujeres, puesto que en caso contrario lo que queda en evidencia es la incapacidad del sistema de AFP de pagar pensiones mínimamente decentes a las mujeres a partir de los 60 años. Se debe continuar exigiendo el respeto al derecho de todas las mujeres a jubilar a los 60 años.
3. Se mantiene el indigno sistema de obligar a los pobres a demostrar su condición de tales para hacerse acreedores a beneficios muy modestos. La ineficacia, falta de trasparencia y alto costo de este sistema quedan al descubierto por los problemas de la nueva ficha de protección social, que reemplaza la malhadada CAS establecida por la dictadura. Si se quiere establecer un límite al beneficio, bien puede fijarse por arriba. En otras palabras, excluir del mismo a quienes tengan más de un determinado ingreso, lo cual es facil de determinar por el Servicio de Impuestos Internos SII. Como se ha visto en el punto 1, no más del 15% necesita ser excluido si se quiere mantener el nivel de gasto actual.
4. La reforma prácticamente no toca a las AFP. Por el contrario, las excluye del IVA, disminuye las regulaciones sobre las mismas y les permite invertir en el extranjero hasta un 80% del fondo de pensiones. Entre las medidas ara mejorar la “competencia” de la industria, las únicas que merecen una mención son la licitación de nuevos afiliados y la licitación del seguro de invalidez – esta última una propuesta de CENDA a la comisión Marcel. Sin embargo, todas las aprobadas resultan insignificantes y no tendrán mayores efectos. Ni siquiera se ha aprobado la propuesta de establecer una AFP estatal. No fija un tope a las comisiones, como acaba de hacer Argentina. No termina con el escandaloso sistema de rentas vitalicias, que obliga a los afiliados a traspasar la totalidad de sus fondos a las cías de seguros, es decir, a pagar la prima completa al contado y por adelantado. Ello significa que las AFP y sus compañías de seguros relacionadas continuarán como han hecho hasta ahora, apoderándose de uno de cada tres pesos cotizados (CENDA 2007a). Su costo de administración seguirá quintuplicando al del INP, que ofrece mejores beneficios a más afiliados y mucho más pensionados. Se debe reestructurar a fondo esta industria. El INP debe afiliar, registrar, recaudar y pagar directamente a todos. Puede subcontratar solo la administración de fondos mediante un sistema que permita la existencia de cientos de administradoras – entre ellas una Estatal. Así lo hacen países más desarrollados. De este modo, el escandaloso costo de las AFP y sus cías. de seguros puede reducirse a una fracción del mismo.
5. Casi la integridad de las cotizaciones previsionales que escapan a los cobros de las AFP continúa desviándose hacia préstamos y compra de acciones de grandes conglomerados privados. En 1981, el flujo de cotizaciones alcanzaba holgadamente para pagar todas las pensiones y dejaba un excedente de un tercio, según un reciente estudio de la UC. Ha continuado creciendo año tras año – incluso durante las recesiones – a una tasa promedio de 6,5% anual en términos reales, desde 1990, cuando ya casi toda la fuerza de trabajo estaba en AFP. Mientras tanto, el número de adultos mayores aumenta un 3% por año. Actualmente alcanza a más de dos billones de pesos anuales (cuatro mil millones de dólares). Actualmente, solo 12 grandes conglomerados en Chile – entre los los propietarios de las AFP – y 8 en el extranjero, tienen en su poder más de la mitad de fondo de pensiones. Menos de 200 grandes empresas tienen la mayor parte del resto. De este modo, la privatización de las pensiones ha significado en la práctica que entre 1981 y 2006 los trabajadores les han traspasado a las AFP y estos grupos 27,3 billones de pesos en cotizaciones – equivalentes a la mitad del PIB de 2005 – , más sus intereses y ganancias (CENDA 2007a).
6. Las pensiones de los sectores medios permanecen entregadas íntegramente a las AFP y sometidas a los vaivenes de los mercados financieros internacionales. El resultado es que sus montos son inciertos y muy inferiores a los que ofrece todavía el sistema público. Ello se agrava seriamente en el caso de las mujeres. Desde el inicio de la crisis mundial el 27 de julio pasado, los fondos de pensiones chilenos han venido fluctuando de manera enloquecida. El 21 de enero del 2008 habían llegado a acumular una pérdida de más de 6,8 billones de pesos en moneda del mismo valor (equivalentes a más de US$14.931 milllones de ese momento), que correspondían a una pérdida de cuota del 12,62%. Lo más probable es que las mismas se incrementen antes que la crisis toque fondo (CENDA 2008). Ya las AFP han anunciado que a partir de enero del 2008 las pensiones se han reducido más todavía por este motivo, y debido al incremento en la expectativa de vida. La crisis significa que las pensiones del año que viene serán aún peores que las de ahora. Quienes jubilan hoy por vejez en AFP reciben pensiones que son la mitad de sus colegas que permanecieron en el INP. En el caso de las mujeres, reciben un tercio. Incluso una profesional que ha cotizado sin fallar un solo mes desde 1981 y siempre por el tope, percibe una jubilación AFP que es menos de la mitad de la que obtendría de haber permanecido en el INP. Estas injusticias e incertidumbre deben terminar. Se debe asegurar a todos pensiones definidas, de por vida y al menos equivalentes a las que habrían percibido en el INP. Ello es posible si se introduce gradualmente una cotización patronal que se destine al reparto, de modo de cubrir la diferencia. CENDA ha demostrado la factibilidad de establecer un sistema de esta naturaleza (CENDA 2007b). En caso contrario, se debe permitir a cualquiera volver al sistema público de reparto, como ya se ha hecho recientemente en Argentina y Perú.

La aprobación de la reforma de la Presidenta Bachelet constituye un paso parcial. Sin embargo, no es claro que con la misma “no gana este grupo o aquel otro, sino Chile en su conjunto,” como ha declarado la Presidenta. Efectivamente, se ha reafirmado hacia adelante el compromiso del Estado de continuar pagando las pensiones de aquellos millones de adultos mayores, en su mayoría mujeres, a quienes las AFP estaban dejando sin pensiones de ningún tipo. En cambio, siguen perdiendo los sectores medios, que continúan en manos de la voracidad de las AFP y sometidos a la incertidumbre de los mercados financieros. Siguen perdiendo todas las mujeres, que a iguales aportes reciben pensiones muy inferiores, y se les está subiendo la edad de jubilación. Siguen perdiendo todos los afiliados a las AFP, puestos que éstas y sus compañías de seguros seguirán embolsándose uno de cada tres pesos cotizados por ellos, mientras que casi todo el resto, junto a los intereses y ganancias, se lo siguen apropiando un puñado de grandes grupos, cuyo compromiso de devolverlos depende del albur de los mercados financieros.

Todos estos últimos si que tienen motivos para estar más que contentos contentos con la reforma, puesto que continúan ganando a manos llenas y se han sacado un problema de encima. Como ha declarado el Senador Carlos Ominami “falta de una reforma de fondo porque éste es sólo un pilar solidario y no un proyecto que plantee una renovación del sistema de AFP. Seamos claros: esto se hace sin tocarle un pelo al sistema que emergió del gobierno militar, pues la capitalización individual se mantiene incólume”. En caso que ello no se haga, los afiliados reclamarán su derecho a regresar al INP, medida que se ha aprobado recientemente en Argentina y Perú.

Se inicia el segundo tiempo.

CENDA

cenda@cendachile.cl

Emplazan al gobierno a cursar invitación a observadores internacionales por situación del pueblo mapuche.

Fuente: www.obsevatorio.cl CIDH expresó su interés de visitar Chile durante audiencia pública en Washington:

En conferencia de prensa ofrecida hoy, José Aylwin y Adolfo Millabur entregaron pormenores de la audiencia pública concedida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos este lunes 10 de marzo en Washington, cuyo objetivo era exponer la preocupación existente por situaciones violatorias de derechos garantizados en la Convención Americana que afectan a defensores de derechos de pueblos indígenas, ante lo cual el organismo internacional manifestó a los representantes de gobierno presentes en la audiencia su intención de visitar Chile para constatar en terreno estas denuncias.

Paulina Acevedo, Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, 12 marzo 2008.

Tras su arribo hoy desde la ciudad de Washington DC, donde participaron en la audiencia pública concedida el pasado 10 de marzo por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, el co-director de dicha ONG, abogado José Aylwin, junto al dirigente lafkenche y alcalde de Tirúa, Adolfo Millabur, dieron cuenta de los graves hechos denunciados ante el organismo internacional de la OEA, los que constituyen violaciones a derechos humanos garantizados en la Convención Americana.En especial llamaron la atención de los comisionados aquellos hechos que atentan contra derechos fundamentales como la vida, integridad física y seguridad personal, entre los que se cuentan allanamientos masivos a comunidades sin órdenes judiciales, situaciones de violencia policial, de tortura física y verbal, con clara connotación racista por parte de estos agentes del estado, así como la indefección en que quedan estos delitos ante los tribunales militares, cuya jurisdicción excesiva ha sido representada a Chile en la sentencia condenatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Palamara, que insta al estado chileno a modificar la competencia de estos tribunales sobre civiles.Los conferencistas destacaron que frente a estos hechos “se solicitó la realización de una misión de observación in loco de la Comisión, para que se forme un juicio en terreno de estas graves realidades, representadas a las autoridades chilenas desde hace largo tiempo”, señaló José Aylwin. Solicitud que fue bien acogida por los comisionados, quienes plantearon en la propia audiencia a los representantes de gobierno su interés de visitar el país, el que debiera formalizarse una vez que concluya el 131º de sesiones de la CIDH, este viernes 14 de marzo.Adolfo Millabur aclaró, al respecto, que “especialmente el presidente de la Comisión, Paolo Carozzo, explicitó su deseo de venir a Chile, y así se lo hizo ver directamente a los representantes del gobierno. El problema es que el gobierno, de acuerdo al procedimiento de la OEA, debe invitar al comisionado a visitar el país. Es muy importante que la comunidad lo sepa, pues si el gobierno no tiene problemas en su forma de desenvolvimiento interno, no debería tener inconvenientes en responder afirmativamente a este interés, cursando la respectiva invitación. De no hacerlo, implicaría que existen situaciones que no se quiere sean conocidas por dicho organismo”. Lo que hace recordar, de acuerdo al dirigente, “los tiempos de dictadura militar, donde se intentaban ocultar graves violaciones a los derechos humanos”.En la misma línea, José Aylwin hizo ver el “retroceso existente en el ejercicio de derechos ciudadanos, lo que se pudo apreciar en febrero pasado, cuando se generó un gran debate público frente a la posibilidad de que observadores internacionales visitaran el país. Eso, a quienes vivimos en dictadura, nos hicieron recordar situaciones que creíamos olvidadas”, concluyó. Por lo que esperamos que un gobierno que adhiere a los derechos humanos y dice comprometerse con ellos, tome este interés y lo haga presente en una invitación formal”.

De no prosperar una invitación por parte del estado chileno a la Comisión, José Aylwin no descartó recurrir a los mecanismos de protección de Naciones Unidas. “El óptimo es que este tipo de hechos, violatorios de derecho, se resuelvan internamente, pero cuando se da una situación prolongada de afectación, como la que hemos constatado, pensamos que amerita la intervención de los organismos internacionales”, aseveró.

Finalmente, se refirió a las sesiones del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el cual Chile aspira integrar, y que comenzarán en poco más de una semana en Nueva York. Dicho comité hizo en marzo de 2007 recomendaciones al estado sobre la situación de las tierras indígenas y los proyectos de inversión en sus territorios, dando un plazo de un año apara informar sobre los progresos en la materia. Sin embargo, “hasta ahora se observa un incumplimiento del estado chileno, de las que informaremos al comité, esperando que éste de nuevas directrices, y el estado se allane a estas directrices y modifique su incumplimiento”.

Los temas de la audiencia

Tres fueron los principales temas abordados en la audiencia ante la CIDH: la situación actual de reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas en Chile, las actividades de defensa de derechos humanos de estos pueblos y los obstáculos a la labor de los defensores de derechos humanos de los pueblos indígenas.

Adolfo Millabur destacó que “como dirigente, es muy importante poder llegar a estas instancias, donde se hace cada vez más inexplicable ante los ojos internacionales la situación que ocurre en Chile con los mapuche. Hubo preguntas muy directas sobre ley antiterrorista y la justicia militar. Siendo importante que el gobierno, a través de sus representantes en la audiencia, haya reconocido que hoy la ley antiterrorista no se aplica por un acuerdo expreso con la Presidenta Bachelet, lo que da cuenta de lo injusto de la aplicación de esta ley, represiva y heredada de la dictadura, en los gobiernos anteriores. Es una contradicción que quedó en evidencia a nivel internacional”.

Por su parte, José Aylwin destacó la existencia de una “manipulación del poder punitivo del estado, que resulta en el hostigamiento de las personas indígenas, en particular del Pueblo Mapuche. La aplicación de la legislación antiterrorista, ha implicado la condena de más de diez defensores de derechos humanos, seis de los cuales se encuentran hasta la fecha en prisión”. Si bien, como expresó el alcalde de Tirúa, esta ley no ha sido invocada en los últimos años, Aylwin denunció “una proliferación de denuncias contra comuneros mapuche por crímenes ordinarios, como el abigeato (robo de animales) y amenazas, que tienen a sus dirigentes inmovilizados sin poder salir de sus comunidades. Particular es el caso de Temucuicui, donde 17 personas han sido requeridas por la justicia”.

El co-director del Observatorio dio, además, cuenta pormenorizada de situaciones de violencia policial, hechos en el marco de detenciones que de acuerdo a la Convención contra la tortura constituye tortura, allanamientos sin orden judicial y detención de menores “…que no han sido investigados, pese a ser representados a la autoridad. Existiendo una situación de impunidad, legal y administrativa, para delitos cometidos por agentes del estado hacia estos defensores, las que son investigadas por la justicia miliar, no obstante existir una sentencia condenatoria al estado chileno que obligan a su modificación. Es el caso del sobreseimiento al mayor Treuer, autor material del asesinato del joven Alex Lemún (17 años), y más recientemente, las investigaciones por la muerte Matías Catrileo (22 años) a manos de Carabineros en Vilcún”.

Gobierno negó y desvirtuó información

De acuerdo a Adolfo Millabur, durante su intervención, los representantes del gobierno de Chile “trataron de desvirtuar el propósito de la audiencia, trasladando los temas de fondo a la esfera de lo social y a los logros del gobierno en esta materia. Sin reconocer la persecución política y judicial al pueblo mapuche. Por eso hago un llamado gobierno para que reconozca sus errores, del mismo modo como lo hizo el gobierno argentino en la audiencia anterior a la nuestra. El gobierno chileno, sin embargo, negó y desvirtuó las informaciones, por ello esperamos que tarde o temprano cambien las estructuras de desenvolvimiento del estado, siendo el 2010 tiempo tardío ya para ello”.

5 KILÓMETROS POR LA PAZ, 15 DE MARZ0 DE 2008, A CINCO AÑOS DE LA INVASIÓN DE ESTADOS UNIDOS A IRAK.

 Fuente: http://www.amnistia.cl

5 KM por la paz – Aniversario invasión Irak
El 20 de Marzo se cumplen 5 años desde que comenzó la invasión por parte de Estados Unidos a Irak, esta guerra injustificada ha dado por resultado cientos de miles de civiles asesinados, heridos y mutilados.

Hemos sido muchas las organizaciones, que desde el inicio de esta guerra, hemos levantado la voz y nos hemos manifestado en contra de ella cada mes de Marzo, desde el año 2003. Toda forma de violencia es repudiable y la indiferencia es uno de los estados que la violencia necesita producir para seguir avanzando.

Toda guerra es un fracaso para la humanidad y esta guerra es un desastre total y un absurdo. Todos los argumentos para iniciarla fueron falsos y quedó al descubierto que sólo eran intereses económicos.

Al cumplir un nuevo aniversario de esta brutal invasión que después de 5 años continúa, no se ve la voluntad de modificar esta situación. Nuevamente estaremos presentes mostrando nuestro repudio.

Por esto desde “Mundo Sin Guerras” queremos convocarlos para el día Sábado 15 de Marzo, a las 11:00 hrs., a ser parte de la manifestación de acción no violenta, que hemos denominado “5 Kilómetros por la Paz”. Esta consiste en formar un muro humano desde la Embajada de Estados Unidos hasta Plaza Italia, por la vereda norte de la calle Andrés Bello, calle Suecia, y Av. Providencia, llevando carteles, lienzos, gritos alusivos y todas las manifestaciones que denuncien la violencia ejercida por el gobierno de Bush.

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